Se dice que la República Dominicana ha alcanzado la categoría de país de ingreso medio-alto dentro del mundo en desarrollo. El turismo, las zonas francas, las remesas y otros sectores generan las divisas que sostienen buena parte de la economía. Sin embargo, una porción importante de la población continúa viviendo en condiciones de precariedad. No se trata de una maldición geográfica ni de un accidente histórico. Es el resultado acumulado de políticas equivocadas y patrones de conducta que, impulsados desde distintos niveles de liderazgo, han terminado convirtiéndose en hábitos sociales difíciles de erradicar. Reconocerlos no es pesimismo; es un ejercicio de honestidad nacional.

La primera verdad incómoda es el clientelismo político, que transforma el voto en favor y al ciudadano en dependiente. La segunda es la debilidad institucional: leyes que existen, pero que con frecuencia se incumplen sin consecuencias. La tercera es la cultura del atajo, que premia al que evade las reglas y castiga al que las respeta.

La cuarta es un liderazgo político más enfocado en preservar privilegios y mantenerse en el poder que en servir al interés colectivo. La quinta es una ciudadanía resignada, que ha reducido su capacidad de exigir rendición de cuentas. La sexta es la corrupción como norma de actuación, asumida por muchos como parte inevitable de la vida pública y un deterioro moral tan grave como la corrupción misma.

La séptima es la falta de planificación territorial: polos de prosperidad conviviendo con comunidades sin servicios básicos y escasas oportunidades. La octava es la impunidad, donde quienes incumplen las normas suelen evitar consecuencias e incluso obtener reconocimiento o poder. La novena es una educación deficiente que limita la movilidad social y perpetúa la desigualdad. Y la décima, quizás la más silenciosa, es la actitud de sectores influyentes de las élites económicas, que reconocen estas distorsiones en privado, pero rara vez las enfrentan con firmeza en público.

Estas realidades no operan de manera aislada; se alimentan entre sí. El clientelismo necesita dependencia. La impunidad requiere instituciones débiles. La corrupción prospera cuando encuentra indiferencia social y tolerancia de quienes tienen poder e influencia. Por eso, ninguna reforma aislada será suficiente. Lo que se necesita es una transformación simultánea, deliberada y sostenida.

La República Dominicana no enfrenta, en esencia, un problema de recursos. Enfrenta algo más profundo: un problema de conciencia colectiva. Mientras dirigentes, instituciones y ciudadanos continúen tolerando aquello que deberían combatir con firmeza, el país que aspiramos construir seguirá siendo una promesa pendiente. La verdadera pregunta no es si podemos cambiar, porque contamos con talento y capacidades para hacerlo, sino si tendremos la voluntad de romper, de una vez por todas, el molde que ha perpetuado estas prácticas y frena la construcción de una sociedad más justa, responsable y digna.