La relación entre los periodistas y los políticos nunca ha sido cómoda. Tampoco debería serlo. La prensa está llamada a preguntar, investigar, cuestionar y fiscalizar; mientras que quienes ejercen funciones públicas deben rendir cuentas de sus decisiones. Esa tensión forma parte natural de cualquier sociedad democrática.

El problema surge cuando algunos actores políticos comienzan a confundir el respaldo electoral, el cargo que ocupan o la influencia que poseen con una especie de licencia para actuar sin cuestionamientos.

En ese punto, la crítica deja de ser vista como un ejercicio legítimo y pasa a ser interpretada como un ataque personal. Hay políticos que llegan a convencerse de que están por encima del bien y del mal; son alérgicos a las críticas y cuestionamientos de sus acciones y decisiones.

Esos políticos, de estilo autoritario y egocéntricos, suelen rodearse de personas que siempre les dan la razón, rechazan cualquier observación crítica y reaccionan con enojo cuando un medio publica información que no favorece sus intereses o caprichos.

Algunos incluso se creen con el grandísimo poder de intentar decidir qué se publica, cómo se publica y cuándo se publica. Nada más pretencioso e ilusorio.

Cuando un político confunde crítica con agresión, termina viendo a los periodistas como enemigos y no como parte de un sistema de contrapeso, tan necesario para el funcionamiento equilibrado de las instituciones.

El periodismo no existe para complacer peticiones, cual concierto con estrellas de música contemporánea. Su función no es proteger reputaciones ni servir como oficina de relaciones públicas de funcionarios o dirigentes políticos.

Su compromiso principal es con los ciudadanos, quienes tienen derecho a conocer información relevante sobre lo que hacen o dejan de hacer políticos y funcionarios. Los cargos son temporales. El poder también. Lo que permanece es el derecho de la sociedad a estar informada.