El pasado miércoles 5 de agosto entró en vigor el nuevo Código Penal dominicano (Ley 74-25), que sustituye al de 1884 tras casi 30 años de proceso legislativo. Para los residentes y empresarios de La Altagracia, entenderlo no es un ejercicio académico: cambia cómo se investigan y sancionan hechos que afectan a familias, comercios y empresas de nuestra región turística. La nueva pieza tipifica delitos que el código anterior nunca previó: feminicidio, sicariato, ciberacoso, desaparición forzada, estafas piramidales, violencia económica y difusión ilícita de contenido íntimo, incluyendo deepfakes.

Las penas máximas suben a 40 años, con acumulación de hasta 60 en los casos más graves. Las infracciones ya no se clasifican en crimen, delito y contravención, sino en muy graves, graves y leves. El cambio de mayor impacto empresarial, que como presidente de UEPAL sigo de cerca, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas: por primera vez, una empresa responde penalmente, no solo sus directivos, si el delito se cometió en su nombre o beneficio sin controles de prevención adecuados. La figura cubre más de 90 infracciones y alcanza incluso a empresas matrices.

Un programa de compliance puede excluir o atenuar esa responsabilidad; su entrada en vigor se difirió a noviembre de 2026, ventana valiosa para prepararse. El Código también crea el registro de agresores sexuales, amplía a 30 años el plazo para denunciar delitos sexuales contra menores, e incorpora salvaguardas para el periodismo y la crítica a la gestión pública basada en hechos verificables. Mantiene la prohibición absoluta del aborto y no aplica retroactivamente, salvo que favorezca al procesado. Tras participar en jornadas de las comisiones de justicia en nuestra zona Este, destaco lo que más toca la cotidianidad de La Altagracia: la estafa inmobiliaria y la invasión de propiedad quedan tipificadas, mi propia familia fue víctima de esto último con unos terrenos heredados de mi abuelo, igual que las estafas piramidales y colectivas.

La recomendación es sencilla: verificar títulos y contratos antes de pagar, desconfiar de ganancias garantizadas, confirmar identidad de quien vende, conservar pruebas y buscar asesoría legal antes de firmar. Si ya es víctima: busque seguridad, no borre evidencia, denuncie y actúe con rapidez. El reto ahora es la aplicación práctica de una ley que busca no solo castigar, sino prevenir y rehabilitar. Nuestras empresas deben actuar a tiempo: así cuidamos la gallina de los huevos de oro, pensando en las futuras generaciones.