La política es, por naturaleza, un terreno de confrontación. La competencia por el poder y la lucha por conquistar la opinión pública forman parte de las reglas del juego democrático. Sin embargo, incluso en ese escenario existen límites que no deberían cruzarse.

Cuando esos límites son ignorados, la política deja de ser un ejercicio de persuasión legítima para convertirse en práctica de manipulación y descrédito.

Uno de los ejemplos más preocupantes es el uso indebido de la imagen y la credibilidad de medios de comunicación reconocidos para atacar a dirigentes políticos.

Simular portadas periodísticas, alterar contenidos o utilizar el prestigio de un periódico para difundir mensajes destinados a perjudicar a un adversario constituye una conducta antiética, injustificable y reprochable.

La gravedad de estas acciones radica en que no solo afectan a la persona atacada. También perjudican la confianza en los medios de comunicación, instituciones fundamentales para la democracia.

Cuando se manipula la apariencia de una publicación periodística para hacer creer que una información falsa es auténtica, se golpea simultáneamente la reputación del medio y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz.

Resulta preocupante que algunos actores políticos y asesores recurran a estas prácticas, en lugar de construir argumentos sólidos y convincentes.

La difamación y los montajes comunicacionales es el recurso de quienes carecen de creatividad, capacidad estratégica o respeto por la ética pública. Son recursos propios de una política empobrecida, incapaz de competir en el terreno de las ideas.

La sociedad debe repudiar estas conductas. El rechazo debe ser firme, independientemente de la simpatía o antipatía que genere la víctima de la maniobra.

Defender la verdad, la integridad de los medios de comunicación debidamente acreditados y el debate limpio es proteger la calidad de la democracia y preservar los principios mínimos de convivencia política.