Vivimos una época en la que la justicia ya no se limita a los tribunales. Cada publicación, comentario o video viral puede convertirse en una sentencia social. Las redes, que deberían ser espacios de libre expresión, muchas veces se transforman en tribunales informales, donde la reputación se destruye antes de que el juez hable y donde la verdad se mide por la cantidad de “me gusta”.

La presunción de inocencia, principio consagrado en el artículo 69 de la Constitución dominicana, se ve constantemente vulnerada por la opinión pública digital. El proceso penal exige pruebas, tiempo y derecho a defensa; las redes exigen titulares, inmediatez y emociones. Entre ambos mundos se abre una brecha peligrosa: la distancia entre la verdad jurídica y la verdad viral.

El jurista francés Montesquieu advirtió que “no hay peor tiranía que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia.” Hoy podríamos adaptarlo al contexto digital: no hay peor injusticia que la que se comete bajo la apariencia de libertad de expresión. Lo que en los tribunales requiere evidencias, en las redes basta con una sospecha para que el público dicte condena.

La sabiduría bíblica también lo anticipó. Proverbios 18:17 enseña: “Justo parece el primero que aboga por su causa; pero viene su adversario y le examina.” Este versículo refleja el principio del debido proceso: nadie debe ser juzgado sin escuchar ambas partes. Sin embargo, en las redes sociales, la segunda voz casi nunca es escuchada.

La justicia no puede sobrevivir si la sociedad la sustituye por el espectáculo. Defender la presunción de inocencia no es proteger culpables; es preservar la dignidad del derecho y del ser humano. Porque el día que la justicia se rinda ante el algoritmo, ser inocente dejará de tener sentido. La verdadera justicia no se viraliza; se demuestra.