La República Dominicana ha cambiado. Sus ciudades han cambiado. Su dinámica económica ha cambiado. Sin embargo, en muchos aspectos, nuestra organización territorial sigue anclada a una realidad de hace décadas. Y pocas provincias reflejan esa contradicción de manera tan evidente como La Altagracia.

Un reciente análisis comparativo sobre la distribución de municipios y distritos municipales en el país revela una realidad preocupante: La Altagracia es una de las provincias con menor cantidad de municipios de toda la República Dominicana, pese a ser una de las más extensas, más pobladas y económicamente más dinámicas del territorio nacional.

Actualmente, nuestra provincia apenas posee dos municipios: Higüey y San Rafael del Yuma. Esa misma cantidad la tienen provincias mucho más pequeñas y con poblaciones considerablemente inferiores, como Pedernales, El Seibo o San José de Ocoa.

Pero la diferencia es abismal.
Mientras algunas provincias con menos de 100 mil habitantes poseen tres, cuatro, cinco y hasta más municipios, La Altagracia concentra oficialmente más de 600 mil habitantes, y muchos entendemos que la población real es muy superior, distribuidos prácticamente sobre una estructura municipal diseñada para otra época.

El dato más revelador del estudio es quizás el siguiente: el promedio nacional de habitantes por municipio ronda los 43 mil habitantes. En La Altagracia, el promedio supera los 300 mil habitantes por municipio. Es decir, nuestra carga poblacional municipal es casi siete veces superior al promedio nacional.

Eso no es un simple dato estadístico. Es una señal clara de desproporción administrativa.

Y basta recorrer nuestras calles para entenderlo. La provincia crece aceleradamente. Verón–Punta Cana se ha convertido en uno de los centros urbanos y económicos más importantes del país. Higüey continúa expandiéndose de manera sostenida. Nuevas comunidades surgen constantemente. El tránsito se vuelve cada vez más complejo. Las demandas de servicios públicos aumentan. La presión sobre la planificación territorial, la seguridad, el manejo de residuos, el agua potable y la movilidad urbana crece todos los días.

Sin embargo, la estructura político-administrativa sigue prácticamente igual.

No se trata únicamente de crear nuevas divisiones territoriales. Se trata de entender que la organización territorial debe responder a la realidad social, económica y poblacional de un territorio. Cuando esa estructura deja de corresponderse con la realidad, comienzan a aparecer problemas de gobernabilidad, planificación y eficiencia administrativa.

La Altagracia ha sido víctima de una paradoja histórica: nuestro éxito económico muchas veces ha servido para esconder nuestras necesidades reales. El país ve los hoteles, el crecimiento turístico y las inversiones privadas, pero pocas veces observa el enorme déficit acumulado en materia de inversión pública, infraestructura y organización territorial.

Nuestro crecimiento ha sido más rápido que nuestra capacidad institucional.

Y por eso hoy resulta indispensable abrir una discusión seria, técnica y responsable sobre el futuro territorial y administrativo de la provincia.

Necesitamos planificación moderna. Necesitamos fortalecer la descentralización. Necesitamos revisar la distribución territorial. Necesitamos mejores mecanismos estadísticos. Y necesitamos comprender que provincias como La Altagracia ya no pueden seguir siendo administradas con esquemas pensados para una realidad poblacional muy distinta.

El desarrollo no puede medirse únicamente por la cantidad de turistas que recibimos o por las divisas que generamos. También debe medirse por la capacidad del Estado para organizar, planificar y responder adecuadamente al crecimiento de sus territorios.

Y en ese sentido, La Altagracia merece mucho más de lo que históricamente ha recibido.