Por: Paul Beswick.

En los últimos años, el Estado dominicano ha abierto espacios para la participación de jóvenes en posiciones de alta responsabilidad pública. Esa decisión representa un paso significativo hacia la renovación institucional, la inclusión generacional y la construcción de un liderazgo acorde con el siglo XXI. Sin embargo, toda oportunidad conlleva una exigencia: Estar a la altura del cargo que se ocupa.

El acceso de jóvenes a funciones estratégicas del gobierno nacional no sólo debe interpretarse como un logro individual ni como una concesión política, sino como un compromiso con el país. Cuando un joven es designado para dirigir, administrar o representar una institución pública, se convierte en depositario de la confianza ciudadana y del anhelo de cambio de toda una generación. No se trata solo de ocupar un espacio, sino de honrarlo con preparación, transparencia y resultados.

Ese compromiso adquiere una dimensión más delicada cuando se trata del manejo de recursos públicos. La juventud en la administración del Estado no puede ser sinónimo de oportunismo, ligereza en los controles, desconocimiento de los procedimientos ni tolerancia frente a prácticas irregulares. Administrar fondos públicos exige rigor técnico, transparencia absoluta y una comprensión clara de que cada peso mal utilizado no es un error administrativo, sino una falta grave contra la confianza ciudadana. La lucha contra la corrupción no se declama; se demuestra con decisiones responsables, procesos claros y una conducta intachable desde el primer día.

Lamentablemente, en no pocos casos, esa oportunidad histórica ha sido confundida con protagonismo, improvisación o salto social y económico. La falta de madurez, el desconocimiento del peso del cargo o la incapacidad de separar la vida personal de la función pública han terminado por desdibujar lo que pudo ser un ejemplo inspirador para otros jóvenes dominicanos.

El Estado no necesita funcionarios jóvenes sólo por su edad, sino por su capacidad de gestionar con rigor, de comunicar con responsabilidad y de servir con ética. Es la formación, la disciplina y la vocación de servicio lo que convierte a un funcionario en un verdadero agente de cambio.

Cada error cometido desde una posición de poder no afecta únicamente a quien lo protagoniza. Impacta la credibilidad de la institución que representa, debilita la confianza ciudadana y, lo más grave, alimenta el prejuicio de que los jóvenes no están preparados para gobernar. Ese daño es profundo y colectivo, porque cierra puertas a otros talentos que sí podrían ejercer con excelencia.

La administración pública no es un escenario de ensayo y error. Es un espacio donde se toman decisiones que inciden en la vida de millones de personas. Por eso, aceptar un cargo público implica asumir una conducta ejemplar, comprender los límites del rol y actuar siempre con conciencia de Estado.

Apostar por la juventud en el sector público es una decisión correcta y necesaria. Pero esa apuesta debe ir acompañada de una profunda reflexión de quienes reciben esa oportunidad. El país no necesita más corrupción, figuras decorativas, ni experimentos fallidos; necesita jóvenes preparados, conscientes de su responsabilidad histórica y comprometidos con dejar instituciones más fuertes de como las encontraron.

El relevo generacional no se impone por decreto ni se valida por nombramientos. Se construye con hechos, con trabajo serio y con una conducta que honre la confianza depositada. La oportunidad está ahí. Aprovecharla o desperdiciarla es una decisión personal. Lastimosamente, sus consecuencias las paga toda la nación, pero habrá casos que tendrán consecuencias judicial para quienes defrauden la confianza depositada en ellos.