Los pensionados y jubilados han aportado durante décadas al crecimiento económico, la productividad y la estabilidad social de la República Dominicana. Muchos de ellos trabajaron en condiciones difíciles, cimentaron instituciones, generaron riqueza y contribuyeron con sus impuestos a sostener al propio Estado.

Sin embargo, al llegar a su vejez, se enfrentan a una realidad profundamente injusta, una pensión fija que en la mayoría de los casos no alcanza para cubrir la canasta básica, en un contexto de inflación constante y aumento generalizado del costo de la vida.

Por esa razón, resulta urgente y legítimo impulsar un marco legal que otorgue un trato tributario diferenciado y humano a los pensionados y jubilados del país. Este proyecto debe contemplar la exoneración total del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de cualquier otro tributo que afecte directamente sus ingresos, así como otros beneficios complementarios que les garanticen dignidad, protección y acceso real a servicios básicos.

Para efectos legales, se considerará pensionado o jubilado toda persona que haya cumplido con los requisitos establecidos por la legislación vigente para acceder a una pensión, sin importar el sector donde laboró ni el monto recibido.

Entre los beneficios que una ley de justicia social podría incluir se encuentran, exoneración total de impuestos sobre la pensión o jubilación, ajuste anual automático de la pensión en función de la inflación real o del índice de costo de vida, descuentos y facilidades en medicamentos y servicios médicos, especialmente en hospitales y farmacias públicas.

Exención de tasas administrativas y trámites gubernamentales, considerando su condición social, programas especiales de acceso a vivienda digna, recreación y asistencia familiar. Este es un enfoque de justicia social, no de privilegio, no se trata de crear un trato preferencial por “benevolencia”, sino de reconocer una deuda histórica con quienes trabajaron toda una vida y hoy enfrentan dificultades económicas para cubrir lo básico: alimentación, salud y vivienda.

Esta propuesta también cumple un rol preventivo: evita que miles de pensionados caigan en pobreza extrema, como ya ocurre en muchos casos donde las pensiones son insuficientes y no se actualizan conforme a la inflación. Si el país está discutiendo una reforma fiscal, esta debe ser una verdadera reforma humana, no solo recaudatoria.

Una reforma que piense en quienes ya dieron su aporte al país y ahora necesitan protección. Los pensionados no pueden seguir siendo contribuyentes forzados en una etapa donde deberían ser protegidos, no gravados. Garantizar estas conquistas no es un gasto para el Estado, es un acto mínimo de justicia social, dignidad humana y responsabilidad moral.