El Gobierno de Vietnam impondrá multas de hasta 50 millones de VND (aproximadamente 1,900 dólares) a los usuarios de redes sociales que difundan información falsa o fabricada, como parte de un nuevo decreto destinado a reforzar el control sobre las plataformas digitales.

La normativa, compuesta por ocho capítulos y 117 artículos, establece sanciones administrativas y medidas correctivas relacionadas con servicios postales, telecomunicaciones, tecnologías de la información, transacciones electrónicas y ciberseguridad.

Las disposiciones aplicarán tanto para ciudadanos y empresas vietnamitas como para organizaciones y personas extranjeras que cometan infracciones contempladas en el decreto.

Entre las entidades sujetas a regulación figuran proveedores de internet, operadores de videojuegos en línea, emisoras de radio y televisión, organizaciones sociales y empresas vinculadas a servicios digitales y criptografía civil.

Para los usuarios de redes sociales, las multas oscilarán entre 20 y 30 millones de VND (entre 770 y 1,150 dólares) por compartir contenido falso, difamatorio o considerado perjudicial para la reputación de personas u organismos.

También serán sancionadas publicaciones relacionadas con prostitución, trata de personas, contenido obsceno o materiales que afecten la ética social y la salud pública.

Asimismo, las autoridades castigarán la difusión de imágenes explícitas de violencia, asesinatos o accidentes, así como la distribución de obras protegidas por derechos de autor sin autorización y la promoción de bienes o servicios ilegales.

El decreto endurece las sanciones, elevándolas hasta 50 millones de VND, para quienes publiquen contenidos que distorsionen la historia, afecten la unidad nacional, ofendan religiones o promuevan discriminación racial o de género.

La nueva normativa entrará en vigor el 1 de julio de 2026.

También se contemplan multas por divulgar secretos de Estado, información personal confidencial o noticias falsas que provoquen pánico social o afecten las actividades económicas y el funcionamiento de instituciones públicas.