Un juzgado de Honduras emitió órdenes de captura con alerta internacional contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, por un proceso judicial relacionado con decisiones tomadas en el Poder Legislativo.

La medida se produjo después de que venciera el plazo para que ambos se presentaran voluntariamente ante las autoridades. El caso también involucra a otros 12 exintegrantes de una comisión permanente del Congreso, señalados por el Ministerio Público por presuntos delitos relacionados con el funcionamiento de las instituciones públicas y el ejercicio de sus funciones.

La investigación está vinculada a dos decisiones legislativas: la instalación de esa comisión y la aprobación de un decreto que ordenaba revisar voto por voto los resultados de las elecciones generales de 2025. Esa iniciativa generó diferencias sobre las atribuciones del Congreso y las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El proceso ha provocado críticas de sectores opositores, que consideran que las acciones judiciales podrían formar parte de una persecución política contra antiguos funcionarios. Sin embargo, esas denuncias representan la posición de esos sectores y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre los motivos del proceso.

La excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, también denunció en septiembre lo que calificó como persecución política y concentración de poder en las instituciones judiciales. Además, cuestionó decisiones que llevaron a la salida de varios altos funcionarios del Estado, entre ellos representantes del Ministerio Público y de organismos electorales.

Moncada también criticó otras medidas gubernamentales relacionadas con el empleo público y el sector energético, y cuestionó decisiones judiciales vinculadas con casos de presunta corrupción. Mientras avanza el proceso contra Redondo, Moncada y los demás exfuncionarios mencionados, el caso mantiene abierto el debate en Honduras sobre la actuación de las instituciones, la revisión de los resultados electorales y las garantías del debido proceso.