ARGENTINA.- Una jornada de protesta contra la megaminería y el proyecto San Jorge en Mendoza, Argentina, finalizó la noche del jueves 11 de diciembre con un operativo policial en el que se utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma. Más de diez personas fueron detenidas, entre ellas activistas socioambientales, vecinos y trabajadores de prensa.

El Sindicato de Prensa de Mendoza (SiPreMza) condenó el accionar policial, señalándolo como una “clara violación a la libertad de expresión” tras la detención de los periodistas Bautista Franco y Santiago Algoberro, quienes cubrían el “ruidazo” convocado bajo la consigna “El agua de Mendoza no se negocia”.

Tanto la AMPAP como la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) reclamaron la liberación inmediata de todos los arrestados, entre los cuales se encontraban los hermanos Renzo, Facundo y Adrián Gollano, una familia que ya había sido detenida en manifestaciones antimineras anteriores.

El operativo dejó al menos siete heridos que tuvieron que ser atendidos en el Hospital Carrillo, entre ellos Luis Pinti, Francis Muñoz Coll, Máximo Alexis Astorga y Daniel Orlando Puebla. Este viernes 12 de diciembre, la AMPAP difundió un comunicado expresando su “más enérgico y absoluto repudio” a la represión llevada adelante por el gobierno de Alfredo Cornejo, a la que calificaron como “un grave atropello a las libertades democráticas y a los derechos humanos” contra personas que ejercían su derecho constitucional a manifestarse.

El proyecto minero, impulsado por Cornejo y apoyado por el presidente Javier Milei, prevé una duración de 27 años, y sus defensores aseguran que aportaría un “incentivo económico” de 600 millones de dólares y generaría 4.000 empleos.

No obstante, organizaciones sociales, asambleas ambientales y productores alertan sobre los riesgos de contaminación que la megaminería representa para la cuenca del río Mendoza, una fuente esencial que provee agua a cerca de 1,5 millones de habitantes —el 75 % de la población de la provincia—, a más de 9.000 industrias y a unas 250.000 hectáreas agrícolas.

La Asamblea por el Agua denunció que el proyecto empleará sustancias altamente tóxicas, como el xantato, además de liberar metales pesados, lo que pondría en grave peligro los recursos hídricos de la provincia. En la previa a la aprobación de la DIA, la consigna “el agua de Mendoza no se negocia” volvió a tomar fuerza en las calles de la capital provincial, donde se reunieron manifestantes de todo el territorio mendocino y de otras partes del país en una movilización llamada “Gesta libertadora por el agua”.