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Ataques contra migrantes desatan una nueva crisis en Ceuta, España

Por Hilma Feliciano

ESPAÑA.— La tensión por la llegada de migrantes a Ceuta volvió a subir de nivel después de que grupos de manifestantes atacaran asentamientos donde permanecen cientos de personas extranjeras sin documentos. Los incidentes se produjeron en las playas del Trampolín y Benítez, donde fueron quemados refugios improvisados y se bloquearon las vías utilizadas por equipos de ayuda humanitaria.

Entre 500 y 1.000 migrantes permanecen en estas zonas, como parte de las miles de personas que han llegado de manera irregular a la ciudad. Durante las protestas, varios manifestantes impidieron el paso de vehículos de la Cruz Roja que intentaban entregar alimentos y asistencia. La situación obligó a las fuerzas de seguridad a intervenir para proteger a los trabajadores y restablecer el acceso a las zonas afectadas.

La violencia también alcanzó a los medios de comunicación. Periodistas y equipos de televisión que cubrían los acontecimientos denunciaron agresiones, persecuciones e insultos mientras realizaban su trabajo. Los ataques provocaron el rechazo de autoridades españolas y de organizaciones de periodistas, que advirtieron sobre el peligro que representa impedir la cobertura de una situación de interés público.

El conflicto también tomó fuerza en el terreno político. El expresidente español José María Aznar viajó a Ceuta para respaldar los reclamos de parte de los residentes, mientras miembros del Gobierno de Pedro Sánchez condenaron los ataques y señalaron que ciertos discursos políticos estaban contribuyendo a aumentar la confrontación. Desde la oposición, en cambio, se responsabilizó al Gobierno central por lo que consideran una respuesta insuficiente ante la situación migratoria.

Ante el aumento de la presión en la frontera, el Ministerio del Interior anunció que solicitará 35,6 millones de euros a la Unión Europea para reforzar las instalaciones fronterizas, ampliar los espigones de El Tarajal y Benzú y colocar barreras marítimas permanentes. La medida busca reducir nuevas entradas irregulares, pero también abre un debate sobre cómo controlar la frontera sin dejar de garantizar condiciones dignas para quienes ya se encuentran en la ciudad.

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