LA ROMANA. Los recintos carcelarios ubicados en las inmediaciones de los distintos Palacios de Justicia del país, deberían ser espacios donde los internos estén de manera transitoria y lo más importante, ser un lugar seguro e higienizado, que garantice la salud y la integridad física de los privados de libertad durante la “corta estadía” allí dentro, un derecho que tienen los reos y que debe ser propiciado por las autoridades penitenciarias.
Sin embargo, la realidad de lo que ocurre en las cárceles preventivas es muy distinta y esta provincia no queda exenta de esta situación. En varias ocasiones se han denunciado que se cometen actos de tortura para aquel que no quiere someterse a las reglas. También, existen los famosos “Gobiernos”, dirigidos por preboste, que son los que cobran el “peaje” a los nuevos internos, para garantizarles su integridad física en el lugar.
Lo peor es que cuando estos actos de ensañamiento en contra de un interno se le van de las manos a aquel que provoca el maltrato, algunos reos pasan de ser victimarios a víctimas, sin que muchas veces se castigue a los responsables de estas acciones criminales. Esto para evitar que estos hechos pasen sin pena ni gloria. Pero la mafia resulta ser tan lucrativa, que no es tan sencillo frenarla.
Según datos recopilados por este semanario, en los últimos cuatro años en la cárcel preventiva de La Romana se han producido al menos cinco muertes de hombres que estaban recluidos en dicho lugar, y todavía no se saben las causas reales de los fallecimientos. Algunos cuerpos incluso presentaban las cicatrices del maltrato al momento de ser trasladados a la morgue del hospital Arístides Fiallo Cabral.
BAJO SOSPECHAS
Uno de los cuerpos que presentaba signos de violencia física fue el de Julio Cesar Deogracia Rijo, de 35 años, quien falleció el pasado 17 de junio dentro del recinto. El hombre estaba recluido por un caso de violencia intrafamiliar, y al día siguiente de ser trasladado a la cárcel preventiva, falleció.
Las autoridades penitenciarias aseguraron en ese momento que el reo murió a causa de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, personas allegadas a Deogracia Rijo, aseguraron a “El Tiempo” que “lo mataron a palos y los policías que estaban de turno escucharon los gritos y no hicieron nada”. Sobre este caso, el jurista Erick Ávila, dijo que, el interno no estaba dentro de sus facultades mentales y, pese a esto, fue recluido en la preventiva.
Por la muerte de Deogracia Rijo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del municipio de Villa Hermosa en La Romana, condenaron la acción y pidieron en su momento, se abriera una investigación en torno a este hecho, donde se investigara tanto a los reos que están dentro del penal como a los policías que se encargan de custodiar el recinto penitenciario. Sin embargo, no ha ocurrido nada.
Dos meses después de este hecho, se produjo el deceso de Fermín Eliezer Solano Germán, de 34 años de edad, el 27 de agosto del 2020. Según el reporte del médico legista, el doctor Benito Kelly, éste habría fallecido de un infarto agudo al miocardio.
Pero esta versión fue refutada por sus familiares, los cuales indicaron que Solano German presentaba golpes y laceraciones en su cuerpo.
Solano Germán, quien tenía una semana guardando prisión por un conflicto familiar, dejó a tres niños en la orfandad. Israel Solano, hermano de la víctima, dijo a este semanario que en su momento el preboste “Vaqueró” les pidió 6,500 pesos, y al ellos negarse le dieron “un saco de golpe”. Agregó, además, que solicitaron una necropsia y sobre este estudio “nunca nos dieron respuesta”.
“Hace un año, mi hermano murió; nunca tuvimos respuesta de nada; ya eso lo dejamos en las manos del Señor, porque a pesar de que los abogados pongan de su parte, este país no lo arregla nadie. La corrupción va a seguir, las muertes van a seguir y eso no lo va a para nadie, porque esa preventiva de ahí es una mina de dinero”, sostuvo Solano.
CASOS MÁS ANTIGUOS
Otra muerte que aún no ha sido esclarecida, es la Yoami Alberto, de 26 años. Su deceso se produjo el 24 de junio del 2018. Alberto tenía nueve meses cumpliendo una medida de coerción por violencia de género, y al igual que los casos anteriores se dijo que murió debido a un infarto fulminante. Sobre este caso en específico, los familiares no emitieron ningún tipo de opinión.
Un año antes, se había registrado el caso de Morales Méndez Cuevas, quien falleció el 20 de octubre del 2017. Edgar Núñez, quien en ese momento era vocero de los Derechos Humanos Sin Rostro, visitó la morgue donde se encontraba el cadáver, y dijo que el mismo presentaba una serie de hematomas y golpes en varias partes de su cuerpo.
“Méndez Cuevas venía padeciendo situaciones dentro de la cárcel preventiva de La Romana desde hace mucho tiempo. El cuerpo tenia laceraciones en el brazo izquierdo, moretones en el pecho y en la parte posterior del cuello”, dijo el defensor de los Derechos Humanos.
Otro de los casos que se hizo notorio, fue el fallecimiento de Sócrates Payano Martínez, el cual se produjo en el año 2016. Este hombre estaba a la espera de una medida de coerción en la cárcel preventiva de esta localidad, por un delito de violencia intrafamiliar.
Ulises Aquino Franco, quien lo representó ante el tribunal, dijo que a su cliente se le ordenó hacerle una evaluación médica, ya que padecía esquizofrenia, y pese a esto el Ministerio Público nunca lo hizo, y que como consecuencia de esto lo mataron.
“Como el muchacho era un paciente esquizofrénico, o sea, padecía problemas mentales, y recluido ahí en la preventiva con varios detenidos, el resultado de esto sólo había que sentarse a esperarlo. Lo mataron dándole con unos botellones llenos de agua”, dijo el jurista.
Aquino Franco establece que luego de esto llamaron a la hermana de su defendido y le dijeron que lo llevara al hospital rápido, y cuando llegó dijo que recibió una llamada donde le informaron el deceso del hombre. “Todo por un descuido de la Fiscalía”, sostiene Franco.
Cabe destacar que por todas estas muertes, que hasta el momento no han sido esclarecidas y que han sido vinculadas a las torturas que ocurren dentro del penal, familiares de los fallecidos se pronunciaron recientemente ante el Palacio de Justicia de esta ciudad con pancartas, exigiendo justicia y pidiendo a las autoridades arrojar luz sobre esos casos.
SENTENCIA 05-2017
Juristas consultados por este semanario determinaron que estas irregularidades se deben a gran congestión que tiene la cárcel preventiva de La Romana y para evitar este tipo de situaciones, la Oficina de Defensoría Pública del Distrito Judicial de La Romana en diciembre del 2016 interpuso una acción de amparo (140-2016) en contra de la Procuraduría General de La República y su representante provincial, Reyna Yaniris Cedeño Rodríguez, por violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos y presos preventivos.
En dicha sentencia, se le ordenó a la fiscal titular Cedeño Rodríguez, descongestionar el referido penal y eliminar el estado de hacinamiento en el que viven los detenidos en dicho centro. Se le impuso, además, hacer un levantamiento de la cantidad de presos privados de libertad a los cuales no se le ha conocido medida de coerción, a los fines de regular su situación y aquellos que, con medidas de coerción, sean trasladados a los centros de rehabilitación dedicados a tales fines
Sin embargo, pese a la sentencia dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de La Romana y que luego fue revisada y rectificada por el Tribunal Constitucional de La República, las condiciones siguen siendo las mismas dentro de cada una de las celdas de la cárcel preventiva de esta demarcación.
