LA ROMANA. El pasado sábado 30 de mayo, líderes locales, nacionales y la comunidad de Bayahíbe realizaron una marcha pacífica histórica, exigiendo al Gobierno y a los congresistas que no permitan que la playa pública de ese pueblo, ubicada en la marina, sea privatizada.

También denunciaron la destrucción de una gran parte del área protegida de manglares situada detrás de la oficina de Medio Ambiente, para la construcción de una plaza artesanal.

La actividad estuvo encabezada por Osvaldo Pérez Brito, vocero del Movimiento Comunitario Bayahíbe Despierta, y más de una decena de jóvenes comunitarios miembros de la comisión organizadora. También estuvieron presentes el vicepresidente nacional de los Derechos Humanos, Rafael Ureña; Ramón Rogelio Cruz Fermín, más conocido como el padre Rogelio; Ramón Rosario, entre otros líderes comunitarios.

Los comunitarios y organizadores recorrieron gran parte del pueblo de Bayahíbe, donde mostraron los daños medioambientales y las necesidades de la población. Dentro de las exigencias prioritarias planteadas, además de la preservación de la playa, solicitaron la construcción de un hospital, la protección de los acuíferos y, sobre todo, una mayor participación en la distribución de los recursos generados por el turismo mediante inversiones para el pueblo de Bayahíbe.

OTRAS NECESIDADES PLANTEADAS

Los miembros del movimiento han dividido en siete bloques las necesidades de la comunidad. Entre ellos figuran medio ambiente, territorio y ordenamiento urbano, áreas en las que exigen transparencia sobre el proyecto de marina y el reordenamiento marítimo.

También reclaman protección ambiental, manejo sostenible del litoral, la revisión y reubicación de la planta de tratamiento, un plan integral de drenaje y saneamiento, así como un desarrollo urbano responsable y planificado.

En esa línea, el padre Rogelio expresó su total rechazo a la construcción de la plaza artesanal en medio del ecosistema de manglares y de un área protegida, calificando la acción como un atentado contra la diversidad de manglares, peces, tortugas y aves que han visto invadido su espacio natural.

Rogelio describió la situación como inconcebible y acusó a las autoridades medioambientales y a otras instancias de permitir ese crimen ambiental. Asimismo, calificó a la empresa Central Romana como una “ballena glotona que no se llena con nada, sino que hay que echarle toneladas de alimentos para que se sacie el hambre”.

Durante la caminata, la comunidad exigió mayor transparencia en los acuerdos institucionales y privados, rendición de cuentas y una mayor inversión en beneficio de la comunidad con los fondos que ingresan por concepto de turismo.

También reclamaron más representación comunitaria en los asuntos que se están tratando y la creación de una mesa de diálogo permanente, ya que, según señalaron, la comunidad no recibe información sobre acuerdos, construcciones y cambios que se pretenden realizar en la localidad.

Osvaldo Pérez Brito, vocero del movimiento, destacó la importancia de que el distrito cuente con un fiscal fijo, ya que actualmente solo está acudiendo una vez por semana, lo que complica los procedimientos jurídicos. También solicitaron la construcción de una oficina de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre (Digesett) y la ampliación a cuatro carriles de la carretera principal que conecta esa comunidad con la Autovía del Este.

DEPORTES Y CULTURA

Una de las preocupaciones que tienen los residentes del distrito de Bayahíbe es que supuestamente la empresa Central Romana pretende trasladar el único play con que cuentan los niños y jóvenes para practicar béisbol. Además, según las declaraciones del exdirector del ayuntamiento municipal, Nelsy Brito, se ha impedido la terminación de un baño destinado a que los niños puedan realizar sus necesidades fisiológicas.

Asimismo, aseguró que el Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM) iba a donar las lámparas, los postes eléctricos y el suministro de energía, pero que supuestamente Central Romana amenazó con demandar esa empresa si realizaba esa obra comunitaria, por lo que actualmente los niños disponen de un play en malas condiciones y sin iluminación.

“CEPM nos iba a poner la luz en el play para que todos los jóvenes y las personas puedan venir a disfrutar de un juego de sóftbol, y ellos mandaron un comunicado a la compañía”, expresó.

Este medio realizó incesantes esfuerzos para tener la reacción de Central Romana, vía telefónica y correo electrónico, con el departamento de Relaciones Públicas, dirigido por Jorge A. Sturla Ferrer, pero los mismos resultaron infructuosos hasta el momento de esta edición.

Pérez Brito también se pronunció en contra de la privatización de la playa, argumentando que muchos de los inversionistas que han comprado y continúan comprando en Bayahíbe lo hacen porque cuentan con una playa a pocos minutos de sus inversiones.

La comunidad solicita también la construcción de una cancha de béisbol, un club recreativo y un centro del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) para los jóvenes. Otra de las demandas del movimiento es la protección y preservación de la memoria histórica y del patrimonio de Bayahíbe.

REVISIÓN DE LA TITULARIDAD TERRITORIAL

Pérez Brito argumentó que el desarrollo turístico de Bayahíbe debe construirse sobre bases claras, legales y transparentes. “No puede existir desarrollo sin seguridad jurídica ni confianza pública”, afirmó Brito.

Estas declaraciones surgen a consecuencia de que, según los documentos consultados, la parcela No. 164 del Distrito Catastral No. 10/4 aparece inicialmente como propiedad de los sucesores de Juan Brito. Posteriormente, bajo el Decreto 1025 del 17 de mayo de 1943, figura como propietaria la común de Higüey; luego la titularidad pasa al municipio de San Rafael del Yuma y, finalmente, los terrenos terminan siendo transferidos a Gulf and Western, hoy Central Romana.

En sus declaraciones, Brito asegura que, tras consultar documentos históricos, pudo observar la existencia de un acto de permuta de fecha 2 de abril de 1982, mediante el cual el Instituto Agrario Dominicano (IAD) adquirió de Gulf and Western Américas Corporation una porción de terrenos dentro de la parcela 101-K del Distrito Catastral No. 10/4, equivalente aproximadamente a mil tareas nacionales, supuestamente destinadas a la movilización o reubicación de las familias de Bayahíbe.

Ante la falta de aclaraciones, Brito, los organizadores y la población solicitan respuestas sobre qué ocurrió con los terrenos incluidos en dicha permuta. En ese sentido, aclararon que no están formulando acusaciones, sino solicitando que se esclarezcan estas y otras interrogantes mediante la publicación de los documentos históricos relacionados con esas transferencias y permutas.

También proponen la creación de una mesa pública de trabajo para la revisión de todo lo señalado y que se garantice el acceso a la información pública para toda la comunidad de Bayahíbe.

El movimiento organizador y la comunidad otorgaron un plazo de 15 días, a partir del 3 de mayo, para que las autoridades y Central Romana se reúnan con ellos y expliquen todo lo concerniente a las demandas y exigencias del pueblo.