Los puentes son más que estructuras de concreto o acero. Son conexiones vitales entre comunidades, economías y personas.

Su buen estado garantiza la movilidad segura, el acceso a servicios básicos como salud y educación, y el flujo constante de productos agrícolas y comerciales.

En zonas rurales o semiurbanas, donde las opciones de transporte son limitadas, un puente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte durante una emergencia; entre la pobreza y el desarrollo. Lamentablemente, en la República Dominicana, el mantenimiento, reparación y construcción de puentes sigue siendo una de las deudas más pendientes del Estado con sus ciudadanos.

No es raro ver comunidades aisladas durante temporadas ciclónicas, rutas cortadas por crecidas de ríos y miles de familias afectadas por el desdén irritante y ofensivo de los tomadores de decisiones.

Eso es justamente lo que ocurre en el municipio de Ramón Santana, en la provincia San Pedro de Macorís, donde la construcción del puente sobre el río Soco permanece paralizada por puros trámites burocráticos.

Este puente representa la única vía segura para más de 20 comunidades, que hoy viven con la incertidumbre de quedar incomunicadas cada vez que llueve. Cada aplazamiento es un día más de peligro para Ramón Santana. Las cosechas corren el riesgo de perderse, los servicios colapsar y las familias quedar incomunicadas. Y en el peor de los casos, pueden registrarse pérdidas humanas.

El presidente Luis Abinader tiene interés de que esta obra se concluya, pero eso no basta si los ministerios involucrados no hacen su parte. La gente de Ramón Santana no puede seguir esperando.