El desorden en el tránsito dominicano ha llegado a niveles insoportables y gran parte de esa realidad tiene como protagonistas a miles de motoristas que diariamente convierten calles y avenidas en escenarios de imprudencia permanente.

Circular en vía contraria, cruzar semáforos en rojo, subir aceras, transitar sin casco y desafiar cualquier norma básica de seguridad se ha vuelto una práctica común que las autoridades, durante años, dejaron crecer hasta perder el control.

Por eso, resulta comprensible que el Gobierno y los organismos de tránsito hayan iniciado operativos más agresivos contra quienes conducen motocicletas de manera irresponsable. Negarlo sería cerrar los ojos ante una realidad visible en cada esquina del país.

Sin embargo, el problema comienza cuando se intenta presentar a los motoristas como los únicos responsables del caos vial nacional.

La verdad es que el irrespeto a la ley se ha extendido a todos los niveles. Conductores de carros privados, choferes del transporte público, vehículos pesados e incluso funcionarios violan normas de tránsito con la misma frecuencia y, muchas veces, con mayor sensación de impunidad.

La diferencia es que el motorista suele ser el blanco más fácil de perseguir y exhibir públicamente. El tránsito dominicano no necesita campañas selectivas ni operativos momentáneos para aparentar control.

Necesita autoridad permanente, educación vial y sanciones aplicadas sin privilegios. Porque mientras la ley solo caiga sobre algunos y otros continúen actuando como dueños de las calles, el problema seguirá creciendo.

La meta no debe ser una guerra contra los motoristas, sino una verdadera cultura de respeto a las normas de tránsito.