El debate sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Verón-Punta Cana ha entrado en una etapa decisiva. La visita que el pasado jueves realizaron técnicos del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional a La Ceiba representa una nueva oportunidad para escuchar, revisar y, sobre todo, construir consensos alrededor de una herramienta que marcará el rumbo de esta demarcación turística durante las próximas décadas.

Las preocupaciones expresadas por los residentes de La Ceiba son legítimas. También lo son las observaciones de instituciones como el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), que advierte sobre la necesidad de reservar espacios para las infraestructuras de agua potable, saneamiento y reúso que demandará una población en constante crecimiento.

A ello se suman los intereses ambientales, turísticos, económicos y sociales que convergen en uno de los territorios de mayor dinamismo del país.

Precisamente por esa complejidad, el POT no puede convertirse en un campo de confrontación permanente. Ningún sector posee por sí solo toda la razón ni todas las respuestas.

La magnitud de los desafíos obliga a que autoridades, comunidades, empresarios, técnicos y organizaciones sociales abandonen posiciones rígidas y asuman una actitud de diálogo sincero y constructivo.

Lo que está en discusión no es únicamente la clasificación de determinados terrenos ni la delimitación de áreas urbanizables. Lo que está en juego es la capacidad de Verón-Punta Cana para continuar creciendo de manera ordenada, garantizando servicios, movilidad, protección de recursos naturales y seguridad jurídica para las inversiones que sostienen la principal industria del país.

La experiencia demuestra que las decisiones tomadas sin escuchar a las comunidades generan conflictos posteriores. Pero también es cierto que un territorio no puede planificarse únicamente desde intereses particulares o coyunturales.