La tragedia que ha sacudido a la sociedad dominicana con el incendio en la cárcel La Victoria es una llamada urgente a la acción por parte de nuestras autoridades.
Las imágenes desgarradoras de reclusos calcinados por el fuego devorador, mientras estaban atrapados en sus celdas, deberían resonar profundamente en la conciencia colectiva. Este desastre no sólo se cobró vidas, sino que también expuso las deficiencias crónicas en nuestro sistema penitenciario. El hacinamiento y la infamia de mantener a personas en detención preventiva, sin condenas, constituyen una afrenta a los principios fundamentales de la justicia.
Como era de esperarse, ahora regresa el debate sobre la necesidad de terminar la nueva cárcel La Victoria que se construye en el municipio de Guerra, la cual ha sido paralizada por razones jurídicas, debido a que en esta obra se descubrieron irregularidades que todavía reposan en los tribunales.
Es hora de que nuestras autoridades asuman la responsabilidad de proteger la vida y la dignidad de aquellos que se encuentran en prisión. Se necesita una revisión exhaustiva de las políticas y prácticas penitenciarias, así como una inversión significativa en infraestructura, para garantizar que se respeten los derechos humanos de todos los reclusos.
Este trágico evento no debe ser olvidado ni pasado por alto. Este momento de dolor debe ser un catalizador para el cambio positivo y el compromiso renovado con la justicia y la humanidad. La sociedad dominicana merece un sistema penitenciario que refleje nuestros valores más elevados, y que garantice condiciones dignas y seguras para los internos.
