La admisión de las autoridades dominicanas de que el sistema les ha fallado a las mujeres víctimas de feminicidios no constituye una revelación. Apenas confirma una tragedia que durante años ha sido visible en cada denuncia ignorada, en cada orden de alejamiento incumplida y en cada llamada de auxilio que nunca encontró respuesta efectiva.
El problema no es solamente la violencia machista que persiste en sectores de la sociedad, sino la alarmante fragilidad institucional frente a mujeres que viven aterradas dentro de sus propios hogares.

Resulta doloroso comprobar que muchas víctimas llegan a advertir con claridad el peligro que enfrentan. Acuden a fiscalías, buscan orientación, piden protección y, aun así, terminan convertidas en números rojos de estadísticas que registran sus desgracias.
Entre la indiferencia burocrática y la lentitud de las respuestas oficiales, decenas de mujeres quedan atrapadas en un círculo de miedo del que no pueden escapar por razones económicas, dependencia emocional o por el simple temor de dejar a sus hijos desamparados.

El Estado conoce esa realidad, pero continúa reaccionando cuando la sangre ya ha sido derramada.
La lucha contra los feminicidios no puede limitarse a discursos de ocasión ni a intervenciones mediáticas luego de cada crimen. Hace falta una política integral que combine protección inmediata, refugios dignos, asistencia psicológica, oportunidades económicas y seguimiento real a los agresores.
No basta con lamentar las muertes; hay que impedirlas.

Cada feminicidio representa también el fracaso de instituciones que debieron actuar antes.
Mientras el sistema continúe llegando tarde, muchas mujeres seguirán viviendo condenadas a compartir techo con quien amenaza sus vidas.