No hay nada de reprochable en que, ante un conflicto de intereses, las partes involucradas argumenten desde su propia perspectiva. Es lo normal —y hasta deseable—en una sociedad democrática. Lo preocupante sería el silencio, la imposición o la falta de voluntad para entender al otro. El debate sobre convertir a Verón–Punta Cana en municipio tiene de frente dos visiones legítimas. Por un lado, una demarcación turística que exige autonomía para gestionar su crecimiento y, por el otro, la preocupación de Higüey por el impacto económico que implicaría la separación.

Ambas posiciones son válidas, siempre que se sostengan desde el respeto y el compromiso con el bien común. Verón–Punta Cana e Higüey no son territorios enfrentados. Son, en realidad, dos fuertes columnas que sostienen el principal polo turístico de la República Dominicana y uno de los más competitivos de todo el Caribe.

Por eso, más allá de cálculos y argumentos, lo que se impone es la sensatez. En lugar de profundizar divisiones, es momento de construir entendimientos. Higüey y Verón–Punta Cana tienen el deber histórico de demostrar que el liderazgo responsable es capaz de convertir las diferencias en oportunidades.

La madurez política se mide, precisamente, por la capacidad de saber ponerse de acuerdo en momentos de crisis. El país observa. Y lo que espera no es una batalla de posiciones irreconciliables, sino un pacto visionario que garantice que el crecimiento siga siendo ordenado, justo y sostenible para todos. Esta no es una disputa local. Es una prueba de institucionalidad en el corazón del turismo dominicano.