viernes, mayo 3, 2024
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Apostemos por una solución amigable

Quizás sin imaginárselo, el Estado dominicano afronta ahora una situación bastante difícil ante la negativa de Estados Unidos de renegociar la parte del acuerdo de libre comercio que, a partir del 2025, le permitirá importar su arroz a nuestro territorio sin pagar aranceles.

Como era de esperarse, los productores arroceros, apoyados por diversos sectores, elevaron su voz de alerta por una gracia que fue validada por la comisión negociadora del
Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana
(DR-CAFTA), firmado en el 2004.

Aunque las estadísticas oficiales indican que el 97 por ciento del arroz que se consume en
el país es de producción nacional, este sector estima que cuando el cereal procedente de Estados Unidos entre sin cargas arancelarias, se desarrollará un comercio desleal que afectaría a productores y consumidores.

El presidente Luis Abinader ha dicho que no abandonará a los productores locales. Y es una actitud responsable. Pero al margen de la buena voluntad del jefe de Estado, lo cierto es que revocar una medida avalada en el marco de un acuerdo de libre comercio, no es una tarea fácil.

Al Estado dominicano le queda un largo camino por recorrer, y sobre todo porque Estados
Unidos tiene motivos suficientes y poderosos para no ceder ni un ápice en su postura radical de hacer cumplir lo pactado en el DR-CAFTA.

Desde el punto de vista legal, hay pocas opciones. Y esto indudablemente obligará al Estado dominicano a pensar una solución negociada con Estados Unidos, que se aconseja sea en el ámbito de la diplomacia preventiva, para
evitar que este impasse se vuelva caldo de cultivo de diferencias profundas con esa nación
norteamericana.

Mientras tanto, lo más conveniente es que el Gobierno ponga en marcha un plan de contingencia, con especial énfasis en la ampliación y fortalecimiento del programa de apoyo integral a la producción agrícola nacional.

Debe intentar, de cualquier forma, prever el impacto nocivo de medidas relacionadas con la variación de precios y calidad de nuestro producto, en el contexto del DR-CAFTA y de obligaciones inexcusables que dicta el libre juego del comercio internacional.