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Hamlet Melo /Â hamlet_melo@hotmail.com
Cuando se divulgan resultados de diversos estudios y encuestas en el paÃs, la PolicÃa Nacional saca â??mala notaâ?. Asà lo vemos, por ejemplo, en el estudio de percepción Latinobarómetro 2015, donde la PolicÃa Nacional resultó ser la institución dominicana menos confiable, con un 27% de confiabilidad, 9 puntos menos del porcentaje a nivel regional para esta institución. ¿Y esto por qué? Por las ineficiencias en el servicio, concepción, régimen y estructura militar, participación en hechos dolosos y criminales, corrupción y falta de recursos y tecnificación, según la opinión pública.
Ante ese paisaje que salpica nuestra policÃa ¿Puede una Ley cambiarlo y transformarlo?
Las leyes son pactos, contratos sociales y polÃticos concertados por los representantes del pueblo, a fin de hacer más llevadera la vida en sociedad, regulando actividades y conductas, mediante reglas claras, permanentes y generales. De ahà la importancia de que la PolicÃa Nacional, cuente con un marco legal moderno, que la aleje de su ideologÃa militar, nacida del trujillismo y la acerque más al ciudadano; en consonancia con la misión dispuesta en el artÃculo 255 de la Constitución:
1) Salvaguardar la seguridad ciudadana;
2) Prevenir y controlar los delitos;
3) Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente;
4) Mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacÃfica.
Por ello, la recién aprobada Ley Orgánica de la PolicÃa Nacional, constituye la piedra angular para iniciar la reforma y adecuación que debe sufrir este cuerpo del orden, para ser más democrático, eficiente, preventivo y respetuoso de los derechos ciudadanos. En esta ley se tratan aspectos como: renovación doctrinaria, profesionalización y especialización de los agentes, desmilitarización, fortalecimiento institucional, controles internos y externos, rendición de cuentas, entre otros temas.
Evidentemente, los fines que persigue la Ley no podrán lograrse si no existe el concierto de voluntades para su implementación, seguimiento y control, desde la sociedad civil hasta los poderes públicos. Pero sin una Ley que encause el cambio, éste no puede producirse sin ser ilegÃtimo y arbitral.
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