La denuncia de que agentes de la Dirección General de Migración en Verón-Punta Cana solicitan dinero a ciudadanos haitianos, a cambio de su liberación tras ser apresados en redadas, ha puesto en alerta a los directivos de esta entidad estatal.
El inspector de Migración, José Bienvenido Santana, ha prometido tomar medidas drásticas si se presentan pruebas contundentes. Esta respuesta es alentadora, pero ahora es crucial
que estas palabras se traduzcan en acciones concretas.
No basta con simplemente advertir y amenazar con sanciones, sino que es necesario llevar a cabo investigaciones rigurosas y transparentes para identificar y castigar a los
responsables.
El combate contra la corrupción debe ser una prioridad para las autoridades migratorias.
Esto implica establecer mecanismos de control interno más estrictos, promover la denuncia de prácticas corruptas y garantizar la protección de los denunciantes.
Además, es fundamental fomentar una cultura de ética y responsabilidad en el desempeño
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley migratoria.
Es imperativo que las autoridades migratorias actúen de manera contundente para erradicar estas prácticas y restablezcan la confianza en la labor que desempeñan.
Es obligación de las autoridades investigar a fondo estas denuncias, castigar a quienes se consideren responsables y establecer medidas efectivas para prevenir futuros actos de corrupción.
Estos hechos no sólo afectan a los ciudadanos haitianos, sino que también perjudica la imagen y la credibilidad de la República Dominicana a nivel internacional.
Es urgente que las autoridades tomen medidas concretas para eliminar acciones que
erosionan la credibilidad en nuestras instituciones.
