PUNTA CANA, RD. Desde la Unión Europea se perseguirán los crímenes contra el medio ambiente, aumentando además las condenas hasta alcanzar los 10 años de cárcel. Además, se establecerán medios de apoyo y asistencia a aquellos que informen sobre estos crímenes contra el medio ambiente, defensores ambientales, así como a personas que resulten también víctimas de estos delitos.
“Esta nueva ley supone un marco de actuación conjunta que va a permitir una respuesta unificada y coordinada contra los delitos sobre el medio ambiente y, por tanto, sobre la salud y la vida de la ciudadanía europea”, recuerda Llop.
Se define, además, de una forma más precisa lo que supone un delito al medio ambiente, y se amplía la lista de aquello que se considera un crímen ambiental. Es así como, por primera vez, se llega a un consenso en cuanto a las sanciones para personas físicas y jurídicas en toda la Unión Europea.
Los nuevos delitos que quedan reconocidos incluyen el tráfico de madera, el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de barcos, y las violaciones de la legislación sobre productos químicos, entre otros.
Se ha establecido también lo que se denomina “delito cualificado”, que comprende todo aquel que se lleva a cabo de forma intencionada y que causa o bien la destrucción o el daño extenso y sustancial, de carácter irreversible o duradero, a un ecosistema de considerable tamaño o valor ambiental, o a un hábitat natural dentro de una zona protegida, o a la calidad del aire, del suelo o del agua.
Se propone además el endurecimiento de las penas. Así, las personas físicas pueden llegar a recibir penas de hasta diez años de cárcel. En el caso de las personas jurídicas, se impondría una sanción máxima de al menos el 5% del total de los ingresos mundiales de la persona jurídica, o de forma alternativa, 40 millones de euros.
