Santo Domingo. La comunicadora Claudia Pérez Ramírez, conocida popularmente como “La Tora”, fue condenada este jueves a un año de prisión tras ser declarada culpable de difamación e injuria a través de medios electrónicos en perjuicio del diputado Sergio Moya de la Cruz, conocido como “Gory”.

La decisión fue emitida por la jueza suplente de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Octavia Carolina Fernández Curi.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de cinco millones de pesos por los daños morales causados al legislador, así como el pago de las costas penales del proceso.

La sentencia establece que la condena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

De acuerdo con la decisión judicial, Pérez incurrió en violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, al utilizar plataformas digitales y medios electrónicos para difundir expresiones consideradas difamatorias e injuriosas contra el congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El proceso judicial se extendió por varios meses y estuvo marcado por incidentes legales. En mayo de 2025, la comunicadora fue declarada en rebeldía luego de no comparecer a una audiencia para la que había sido citada. Como consecuencia, se emitió una orden de arresto en su contra y posteriormente fue trasladada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Posteriormente, una jueza dejó sin efecto la declaratoria de rebeldía y ordenó su puesta en libertad, permitiendo la continuación del proceso judicial. Sin embargo, el caso siguió su curso hasta llegar a la sentencia emitida este jueves.

Durante el desarrollo del juicio, La Tora también presentó una recusación contra la jueza que conocía el expediente, alegando falta de imparcialidad y supuestas violaciones al debido proceso. La solicitud fue rechazada y el tribunal dispuso la continuación de las audiencias.

Tras conocerse la sentencia, Sergio Moya calificó la decisión como un precedente importante para la defensa del honor y la responsabilidad en el ejercicio de la comunicación.

El legislador sostuvo que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero que no debe utilizarse para difamar o afectar la reputación de otras personas sin consecuencias legales.

La sentencia aún no es definitiva y puede ser recurrida ante instancias superiores mediante los mecanismos establecidos por la legislación dominicana.