En medio del avance económico que experimenta la República Dominicana, hay un fenómeno que pocos se atreven a nombrar: una parálisis silenciosa en la industria de la construcción. No es oficial, no está en los titulares, pero está ocurriendo. Y tiene que ver con una realidad que se hace más visible tras los recientes operativos migratorios.

La aplicación firme de la ley migratoria ha sido clara, necesaria y justa. El país tiene el derecho —y la obligación— de ordenar su territorio y establecer reglas claras sobre quién puede trabajar y residir legalmente. Pero esta firmeza también ha destapado una situación estructural que arrastrábamos desde hace años: la alta dependencia del sector construcción de una mano de obra extranjera, mayoritariamente informal, sin que existiera un plan de transición ordenado y realista.

¿Qué está pasando ahora? Obras que se ralentizan, costos que se elevan, procesos productivos que pierden ritmo. La salida masiva de obreros tras los operativos —como ha ocurrido recientemente en zonas como Friusa y el desalojo en Mata Mosquito— deja una pregunta que no se responde públicamente: ¿cómo se va a dominicanizar la empleomanía de la construcción?

Durante años se ha dicho que los dominicanos no quieren asumir esos puestos, supuestamente por los bajos salarios o por el tipo de trabajo físico que implica. ¿Pero cuál es el plan entonces? ¿Formación acelerada y condiciones atractivas para integrar a más nacionales? ¿Regularización temporal de quienes ya están en el país trabajando en obras?

¿O incluso la importación controlada de mano de obra, como ocurre en otros sectores económicos? No se trata de cuestionar la legalidad de los operativos —porque la ley debe cumplirse— sino de acompañar esas medidas con decisiones que garanticen la continuidad productiva.