La verdad es otra
En los países donde la conciencia colectiva ha alcanzado niveles significativos, la comprensión de las responsabilidades de los políticos es más profunda. Los ciudadanos en esas sociedades no ven la construcción de escuelas, hospitales y carreteras como gestos altruistas, sino como el resultado natural del cumplimiento de las leyes y constituciones que rigen sus países.
En estas naciones, la realización de obras de bien común se percibe como una obligación básica de los líderes políticos, financiada por los impuestos de los ciudadanos. Este entendimiento maduro evita la necesidad de elogios y celebraciones excesivas, ya que se reconoce que las autoridades simplemente están cumpliendo con un mandato establecido por la ley.
Contrastando con esta realidad, en países donde persisten el clientelismo y el populismo, los ciudadanos tienden a percibir las obras públicas como favores personales de aquellos que detentan el poder. La falta de conocimiento sobre estas responsabilidades se refleja en la creencia de que estas obras son actos de desprendimiento del patrimonio privado de los tomadores de decisiones, y no de un compromiso institucional con el bienestar de la sociedad.
Y esto no sólo implica la comprensión de las responsabilidades políticas, sino también la exigencia de rendición de cuentas. Los ciudadanos informados no sólo aceptan la construcción de infraestructuras como un deber, sino que también demandan transparencia, eficiencia y equidad en la ejecución de dichos proyectos.
El clientelismo y el populismo, por otro lado, perpetúan la idea de que las obras públicas son regalos discrecionales, vinculando la lealtad política con los beneficios personales. Esta percepción distorsionada debilita la base misma de una sociedad responsable y activa, donde los ciudadanos contribuyen al desarrollo a través de sus obligaciones fiscales y los líderes actúan como administradores de recursos colectivos.
