Contra los mañosos
Ahora que por fin la sociedad dominicana está viendo señales claras de que realmente existe voluntad para combatir la corrupción administrativa, es pertinente que sepamos valorar este esfuerzo de las instituciones responsables de investigar y administrar justicia contra los usurpadores del erario.
La lucha contra la corrupción debe ser de todos. Los ciudadanos debemos asumir la responsabilidad innegociable de ser veedores permanentes de la conducta de quienes deciden en nombre de la mayoría.
A los funcionarios estatales debemos demostrarles que hay más de diez millones de ojos observando siempre, a cada momento, cada uno de sus pasos en el ejercicio de sus funciones.
La defensa de los recursos públicos es fundamental para garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera responsable y transparente en beneficio de toda la sociedad.
La gestión adecuada de los recursos públicos es esencial para el funcionamiento eficiente de las instituciones y la provisión de servicios básicos como la salud, la educación y la seguridad.
Para defender los recursos públicos, es importante contar con una estructura sólida de control y supervisión. Esto implica establecer sistemas claros y transparentes para la gestión y distribución de los recursos, así como mecanismos efectivos de auditoría y rendición de cuentas.
Además, es crucial promover una cultura de transparencia y responsabilidad entre los funcionarios públicos y los ciudadanos. Esto puede lograrse a través de la educación y la conciencia pública sobre la importancia de la gestión adecuada de los recursos públicos.
Es importante nunca olvidar lo dicho más arriba: la defensa de los recursos públicos no solo es responsabilidad del gobierno, sino también de la sociedad en su conjunto.
La corrupción debe combatirse con firmeza y valentía. A los malos dominicanos hay que cerrarle el paso para que nunca se les vuelva siquiera ocurrir robarse el dinero del pueblo.
Los ciudadanos pueden hacer su parte al informarse y participar en el proceso de toma de decisiones, y denunciar cualquier actividad sospechosa o irregular en la gestión de los recursos públicos.
