En la República Dominicana se habla de modernización policial, pero en las calles persiste una vieja costumbre que contradice ese discurso: las redadas masivas. Y en medio de esa contradicción aparece una pregunta obligatoria: ¿qué está pasando con el Sistema de Identificación Ciudadana y Depuración Biométrica, DEBI?

La Policía Nacional presentó ese sistema como una herramienta capaz de depurar ciudadanos en tiempo real mediante dispositivos móviles con lector de huellas y reconocimiento facial, conectados a bases de datos institucionales para verificar identidades y alertas judiciales al instante. Incluso la propia institución ha informado que DEBI 360 permitió durante 2024 decenas de miles de depuraciones biométircas millones de verificaciones de identidad y millones de consultas de placas vehiculares. Entonces, si la tecnología existe y ya está en funcionamiento, ¿por qué el método cotidiano sigue siendo el de subir personas a una camioneta y resolver después? La contradicción es difícil de explicar.

Un sistema diseñado para verificar en la calle, en segundos, no debería terminar relegado por procedimientos que exponen a ciudadanos trabajadores, padres de familia a detenciones innecesarias, incomunicación y maltrato. Lo que debería ser una herramienta de prevención termina pareciendo un instrumento de arbitrariedad. El problema no es solo de eficacia. También es de legalidad. La Constitución dominicana reconoce el derecho a la libertad y seguridad personal, y establece que toda persona detenida debe ser presentada ante autoridad competente dentro de las 48 horas o puesta en libertad. El Código Procesal Penal, por su parte, consagra derechos básicos del imputado, entre ellos ser informado de los hechos que se le atribuyen y contar con defensa técnica desde el inicio del proceso.

Si además se impide la comunicación inmediata con familiares o se retienen pertenencias sin justificación, el abuso deja de ser percepción y se convierte en una denuncia seria. Lo más grave es el efecto social. Cuando la gente empieza a sentir más miedo de una redada que de la delincuencia, algo está fallando en el corazón mismo de la política de seguridad. La policía no puede pedir confianza mientras actúa con métodos que humillan al ciudadano común y, al mismo tiempo, parecen ineficaces para focalizar la verdadera amenaza.

No se trata de negar la necesidad de orden. Se trata de recordar que el orden democrático no se construye atropellando derechos. Si DEBI fue creado para humanizar, agilizar y transparentar la depuración, su uso debe ser obligatorio en cada intervención, no una opción discrecional del agente de turno. El verdadero cambio institucional no se mide por discursos ni por entregas de equipos. Se mide por la experiencia concreta del ciudadano en la calle. Y mientras la depuración biométrica siga subordinada a la costumbre de la redada, la modernización policial seguirá siendo más promesa que realidad.