El reciente asesinato de un agente policial en una banca de lotería de Nagua ha generado un intenso debate sobre los límites entre la búsqueda de justicia y la venganza personal.

Las imágenes difundidas del hecho muestran cómo el agresor disparó contra el agente mientras este se encontraba sentado e indefenso, para luego acercarse y realizar un segundo disparo a corta distancia. Según las investigaciones preliminares, el crimen estaría relacionado con un conflicto previo entre ambos hombres.

Días después del homicidio, el presunto responsable reapareció públicamente alegando que había sido herido por el mismo agente semanas antes, supuestamente sin justificación y utilizando su arma de reglamento aun cuando no se encontraba de servicio.

Sin embargo, aun si esas acusaciones fueran comprobadas por las autoridades, ello no convierte el asesinato en un acto de legítima defensa. La defensa propia exige la existencia de una amenaza actual e inminente.

En este caso, las circunstancias evidencian una acción planificada y ejecutada tiempo después del incidente original. Lo ocurrido responde más a una represalia que a una reacción para proteger la vida.

El caso también pone sobre la mesa una preocupación recurrente en la sociedad dominicana, y es la desconfianza de algunos ciudadanos en los mecanismos institucionales para resolver conflictos.

Cuando una persona decide convertirse en juez y verdugo, sustituye el Estado de derecho por la ley de la fuerza, creando un precedente peligroso para toda la comunidad.

Si se demuestra que el agente cometió abusos en el pasado, esos hechos debieron ser investigados y sancionados por los tribunales competentes. De igual manera, quien decidió quitarle la vida deberá responder ante la justicia por sus actos.

Legalmente, nada justifica que una injusticia sea respondida con otra. La paz social solo es posible cuando los conflictos se resuelven en los tribunales y no mediante violencia.