El debate sobre la libertad de expresión y los medios digitales en República Dominicana sigue marcado por consignas, temores y acusaciones. Sin embargo, una evaluación desapasionada del tema obliga a preguntarse si realmente el país enfrenta una amenaza a la libertad de expresión o, por el contrario, un intento de establecer reglas mínimas de responsabilidad en un ecosistema comunicacional cada vez más caótico.

La realidad dominicana dista mucho de la de países donde la censura es una política de Estado. En República Dominicana los programas de opinión cuestionan diariamente a funcionarios y al gobierno, y las redes sociales son espacios donde cualquier ciudadano puede expresar sus ideas sin mayores restricciones.

Lo preocupante no es la crítica legítima al poder, indispensable en toda democracia, sino el uso cada vez más común de prácticas que nada tienen que ver con el ejercicio responsable de la libertad de expresión.

Acusaciones sin pruebas, campañas de descrédito, difusión de rumores y ataques a la vida privada se han convertido en herramientas frecuentes para generar audiencia, notoriedad o beneficios económicos.

Las consecuencias de esa conducta son reales. Una empresa puede sufrir pérdidas irreparables por informaciones falsas difundidas masivamente. Una persona puede ver destruida su reputación, entorno familiar o su estabilidad emocional a causa de señalamientos sin fundamento.

Por eso, la discusión no debería centrarse en la falsa dicotomía entre libertad y censura, sino sobre el derecho a opinar y el deber de responder por los daños causados cuando se actúa con irresponsabilidad.

Regular no es callar voces críticas; es establecer límites razonables para proteger derechos igualmente fundamentales, como el derecho a la intimidad y el honor personal, consagrado en el artículo 44 de nuestra Constitución.

En una democracia madura, el derecho a decir pierde legitimidad cuando se utiliza para destruir derechos ajenos.