Qué cuenta la Cámara de Cuentas
Eric José Rodríguez
Creada según la ley “para el examen de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorías, estudios e investigaciones especiales para informar a quienes sea de rigor, conforme a las normas constitucionales y la presente ley”. En la realidad se ha convertido en una versión inversa al objeto con que se erigió. Durante la anterior composición de sus miembros fue sujeta de un allanamiento, hecho histórico que marcó el fin de un periodo en el cual sus principales integrantes fueron cuestionados de manera grave, al punto de que la Procuraduría General de la República, aún tiene una investigación penal abierta.
Resulta que cuando todo indicaba que por los funestos y escandalosos antecedentes los nuevos integrantes de la institución serían seleccionados con estricto apego a los requisitos que la exige la ley, esto no se produjo, y a final de cuentas, la influencia política decidió un reparto entre los partidos y la llamada sociedad civil.
No estaba totalmente estrenada cuando una grave denuncia de tipo penal en contra de su actual presidente la coloca “en el mismo trayecto del sol”, que no es distinto al de sus anteriores miembros y titulares. Parecería que no es posible que la nación dominicana pueda superar el trauma de que el funcionamiento de ciertas instituciones debe estar al margen de la participación política de sus miembros.
El funcionamiento de una entidad tan importante para la salud de la transparencia administrativa del Estado Dominicano y sus instituciones acusa serias debilidades en vez de fortalezas. Dos hechos recientes marcan este señalamiento. El primero de ellos la visita hecha a la sede del organismo por la magistrada procuradora general de la República, con el aparente propósito de la agilización de algunas auditorias; y el segundo, de data más reciente, la designación de una amplia comisión de quince diputados para investigar durante treinta días la presunta comisión de faltas graves.
Mención de “honor” merecen las declaraciones del presidente de la entidad, quien llegó al extremo de confesar que él es un preso de confianza del pleno de la Cámara de Cuentas, es decir de la mayoría de sus integrantes.
Con dichas explicaciones era de esperarse que en un acto de contrición ese funcionario hubiera dimitido a las pocas horas de admitir públicamente que violaba la ley, pues dicha confesión, debería implicar la investigación de un acto de prevaricación que es un tipo penal grave, y, si él no quiere participar del mismo, porque el pleno aprueba cosas que no se desea, y consideradas contrarias a la ley, la salida correcta o al menos la más honrosa para él, era y sigue siendo su renuncia inmediata al cargo de presidente.
