SAN JUAN. En los últimos días, organizaciones comunitarias realizaron un paro de labores con protestas y bloqueos de vías en distintos puntos de la provincia, en rechazo al proyecto minero Romero impulsado por la empresa GoldQuest Mining Corp en la Cordillera Central.

Durante la jornada participaron agricultores, comerciantes, estudiantes y otros sectores, lo que provocó la suspensión de actividades comerciales y educativas, así como el cierre de negocios en varios municipios.

La convocatoria fue realizada por el Comité Unido por el Rescate del Agua y la Vida.

La jornada, convocada por el Comité Unido por el Rescate del Agua y la Vida, habría alcanzado un respaldo superior al 95 %, según sus organizadores, evidenciado en el cierre masivo de establecimientos y la suspensión de actividades productivas en toda la provincia.

Los manifestantes advierten que la instalación de una mina pondría en riesgo fuentes hídricas esenciales para el riego de cultivos y el consumo humano, en una provincia considerada históricamente como el “granero del sur”.

“El agua vale más que el oro”, repiten comunitarios que exigen al Gobierno descartar de manera definitiva cualquier autorización para la explotación minera.

El senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista, advirtió que una eventual operación minera podría afectar tanto las aguas superficiales como subterráneas, además de alterar el equilibrio ambiental.

“Esos equipos van a verter diésel, aceite, la turbidez del agua, todo eso va a contaminar la presa de Sabaneta”, afirmó, al señalar riesgos directos para uno de los principales sistemas hídricos de la región.

GOBIERNO

En respuesta a las protestas, el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, aseguró que la institución se mantiene a la espera del estudio de impacto ambiental del proyecto Romero, documento clave para cualquier evaluación oficial.

Explicó que el proceso se rige por la Ley 64-00 y que, tras una nueva solicitud de la empresa, se elaboraron los términos de referencia (TDR), que establecen las condiciones técnicas y ambientales que deberá cumplir el estudio.

El funcionario insistió en que autorizar esta fase no implica aprobar el proyecto, sino iniciar un proceso de evaluación que deberá analizar aspectos como cobertura forestal, aguas subterráneas y posibles medidas de remediación ambiental.

En la misma línea, el presidente Luis Abinader ha reiterado que no existe autorización para la explotación minera en la zona y que cualquier decisión dependerá de los resultados técnicos.

Sin embargo, esa postura no ha logrado disipar la desconfianza en una población que teme que el proceso avance sin tomar en cuenta su rechazo.

ADVERTENCIAS

A la oposición social se han sumado voces del ámbito académico y ambiental. El ambientalista Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias, advirtió que imponer el proyecto podría generar una ruptura de la paz social.

“Si se impone un proyecto de este tipo contra la voluntad de la región, estamos hablando de romper la paz social”, sostuvo.

Carvajal también alertó sobre los riesgos para la presa de Sabaneta, señalando que no existe una fuente alternativa de agua aguas abajo.

“El agua de los acueductos y de los sistemas de riego sale de esa presa”, enfatizó, al tiempo que abogó por la realización de evaluaciones ambientales estratégicas que prioricen el interés colectivo sobre el empresarial.

El docente de química de la UASD, Rubén Corona, coincidió en la necesidad de que las decisiones se fundamenten en estudios científicos rigurosos y no únicamente en proyecciones económicas.

Por su lado, la empresa GoldQuest ha defendido el proyecto, asegurando que se trata de una minería subterránea con menor impacto ambiental.

El CEO de la compañía canadiense, Luis Santana, afirmó que actualmente no existe explotación en curso y que el objetivo es realizar estudios para determinar la viabilidad del proyecto.

“Nosotros en ningún momento hemos hablado de explotación minera”, indicó, al explicar que el proceso requiere múltiples permisos antes de llegar a una eventual operación.

La empresa sostiene que no utilizará sustancias como cianuro o mercurio y que los residuos serán confinados dentro de la mina, evitando la construcción de presas de colas.

Además, destaca que el proyecto podría generar empleos y dinamizar la economía de la provincia.

CONFLICTO

El proyecto Romero contempla la explotación de un yacimiento estimado en alrededor de un millón de onzas de oro, además de plata y cobre. Sin embargo, más allá de su potencial económico, el debate ha reavivado viejas tensiones sobre el impacto de la minería en el país.

En la memoria colectiva persisten experiencias anteriores que han dejado cuestionamientos sobre los beneficios reales frente a los costos ambientales.

Por ello, en San Juan la discusión no se limita a un proyecto específico, sino que abre un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo, el uso de los recursos naturales y el papel del Estado frente a las comunidades.

El conflicto, lejos de disminuir, continúa en ascenso y coloca a San Juan en el centro de una discusión nacional donde chocan intereses económicos, ambientales y sociales.

Este escenario abre un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y sostenibilidad, en un país donde la minería sigue siendo un tema altamente sensible.