PUNTA CANA. La reforma de la ley del aborto, aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, busca garantizar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos y elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años.
La reforma ha unido a los socios de Gobierno -en una semana en la que los roces han sido constantes por la ley del solo sí es sí- y ha salido adelante pese a la oposición de PP y Vox. Además, su aprobación se produce en medio de la polémica por la resolución del Tribunal Constitucional, que avaló la ley de plazos de 2010 recurrida por el PP.
La reforma, que introduce medidas novedosas, como las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes, mantiene los plazos fijados por ley en 2010 y avalados por el tribunal constitucional, con lo que el aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación.
Excepcionalmente podrá interrumpirse el embarazo hasta la semana 22 cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto. Después solo será posible cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable confirmada por un comité clínico.
La reforma de la ley del aborto que este jueves aprueba definitivamente el Congreso busca garantizar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos y elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años.
La reforma, que introduce medidas novedosas, como las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes, mantiene los plazos fijados por ley en 2010 y avalados por el Tribunal Constitucional, con lo que el aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación.
Excepcionalmente podrá interrumpirse el embarazo hasta la semana 22 cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto. Después solo será posible cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable confirmada por un comité clínico.
Las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años. Se elimina el requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP que obligaba a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus representantes legales
Los centros sanitarios públicos deberán organizar sus servicios para garantizar la prestación del aborto.
Se creará un registro de objetores de conciencia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.
La ley establece el derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas incapacitantes.
Se recoge asimismo el derecho a la incapacidad temporal desde el primer día de la semana 39 del embarazo y mientras se reciba asistencia sanitaria por un aborto y no se pueda trabajar.
La reforma apuesta por la gratuidad de los productos de higiene menstrual -tampones, compresas o copas menstruales- en centros educativos, prisiones y centros sociales para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Se garantiza también el acceso público y universal a la anticoncepción y se insta a los poderes públicos a fomentar la corresponsabilidad, apoyando la investigación y financiación de anticonceptivos masculinos
La educación afectivo-sexual formará parte del currículo durante toda la educación obligatoria.
La esterilización y la anticoncepción forzosas, el aborto forzoso, y la gestación por sustitución se recogen como violencias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer.
Para prevenir los vientres de alquiler, ilegales en España, se prohíbe la publicidad que las agencias de intermediación y se realizarán campañas informativas.
En 2021, último año con cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, se realizaron en España 90.189 interrupciones voluntarias del embarazo y solo el 15,67 % tuvieron lugar en un centro público.
Ese porcentaje subirá previsiblemente en los próximos años con la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva que aprueba este jueves el Congreso y que busca garantizar que los centros públicos realizan abortos, lo que exigirá reorganizar los servicios.
Solo Cantabria, Baleares y Cataluña realizan más abortos en la sanidad pública que en la privada, de acuerdo con los últimos datos.
Las estadísticas de Sanidad muestran también que muchas mujeres se ven obligadas a desplazarse para interrumpir su embarazo, ya que doce provincias -Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Zamora y Cáceres, además de Ceuta y Melilla- no notificaron en 2021 ningún aborto.
La reforma elimina también la exigencia de que las menores de 16 y 17 años cuenten con autorización paterna.
En 2021 abortaron 3.734 menores (el 4 % del total) y 2.761 tenían 16 ó 17 años.
Fuente EFE
