BRASIL. La Policía Federal de Brasil llevó a cabo este miércoles 1 de julio la tercera fase de la operación «Rent a Car», una investigación que busca desarticular un presunto esquema de desvío de recursos públicos, lavado de dinero y organización criminal que involucra a miembros del Poder Legislativo.

La operación fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF) y se desarrolló en Brasilia, así como en los estados de Goiás y Minas Gerais. Durante los operativos, los agentes realizaron diligencias para reunir nuevas pruebas y garantizar la conservación de evidencias.

Según la Policía Federal, la investigación apunta a una red integrada por funcionarios públicos, particulares y empresas privadas que habrían sido utilizadas para ocultar el origen de los recursos presuntamente desviados mediante operaciones de lavado de dinero.

Los investigadores también detectaron indicios de que algunos involucrados habrían intentado destruir o alterar pruebas, lo que podría constituir el delito de fraude procesal, además de las acusaciones por malversación de fondos públicos, lavado de activos y asociación criminal.

Las pesquisas se centran en supuestas irregularidades en la contratación de una empresa de alquiler de vehículos, cuyos servicios fueron pagados con recursos de la Cuota para el Ejercicio de la Actividad Parlamentaria (CEAP), un fondo destinado a cubrir gastos relacionados con las funciones de los legisladores federales.

En esta nueva fase, las autoridades buscan seguir el rastro del dinero presuntamente desviado, identificar su destino final y determinar si existen más personas involucradas en el esquema.

Debido a que la investigación incluye a autoridades con fuero especial, el caso permanece bajo la supervisión directa del Supremo Tribunal Federal de Brasil.