Houston. La muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), provocó este miércoles fuertes reacciones de representantes comunitarios, defensores de los derechos humanos y líderes políticos en Texas.

El incidente ocurrió el martes durante una redada migratoria. Según la versión preliminar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo que supervisa a ICE, Salgado Araujo desobedeció las órdenes de los agentes e intentó embestir con su vehículo a uno de ellos. La agencia sostiene que el funcionario disparó en defensa propia después de que el automóvil impactara una patrulla oficial.

El ciudadano mexicano fue trasladado de emergencia a un hospital, donde falleció poco después a causa de las heridas. Tras conocerse el caso, la congresista demócrata Sylvia García, quien representa el distrito donde ocurrió el hecho, pidió que todo el material audiovisual disponible, incluidas las cámaras corporales y de vigilancia, sea preservado y revisado de manera transparente e imparcial para esclarecer lo sucedido.

Aunque las autoridades señalaron que Salgado Araujo era un objetivo del operativo por encontrarse en Estados Unidos sin autorización legal, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó la apertura de una investigación independiente sobre el uso de la fuerza durante el operativo. Por su parte, el DHS informó que su equipo especializado procesó la escena del tiroteo para recopilar evidencias.

Con este caso, al menos seis personas han muerto en operativos relacionados con la actual campaña de deportaciones masivas impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump, según los datos citados por organizaciones y medios estadounidenses.

Las explicaciones oficiales no lograron disipar las dudas entre la comunidad hispana. El director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Juan Proaño, rechazó la versión presentada por el DHS y pidió que la investigación sea realizada exclusivamente por las autoridades policiales locales.

Además, exigió la publicación inmediata de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes y de los sistemas de videovigilancia para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

El caso se produce en un contexto de creciente tensión por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Houston se ha convertido en uno de los principales escenarios de operativos federales contra inmigrantes, situación que ha generado diferencias entre las autoridades locales y el gobierno del estado de Texas.