Colombia. — Las calles de Colombia se pusieron calientes este miércoles 14 de octubre, cuando miles de ciudadanos salieron a protestar en contra del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que apenas tiene dos meses en el poder. Las manifestaciones se realizaron en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Riohacha, donde la gente expresó su descontento con el alto costo de la vida, la inseguridad y las medidas económicas del Ejecutivo.

En la jornada participaron sindicatos, estudiantes, trabajadores, maestros y comunidades indígenas, quienes se unieron para reclamar que se respeten sus derechos y no se echen para atrás los avances sociales que, según denuncian, están en peligro.

Uno de los puntos que más calentó los ánimos fue el decreto 1525, firmado por el mandatario, que establece reglas para la actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones y permite disolverlas cuando se presenten alteraciones graves. La oposición cuestionó el despliegue de policías en varias ciudades y advirtió que estas medidas podrían meterle presión al derecho de la gente a protestar.

Los organizadores insistieron en que la movilización tenía un carácter pacífico y rechazaron los señalamientos que, según ellos, buscan desacreditar las demandas de la población.

Por su lado, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) salió a defender la educación pública y la salud de los maestros. También exigió que se reparen las escuelas afectadas por emergencias anteriores y denunció lo que considera una campaña de estigmatización contra el movimiento sindical.

Las comunidades indígenas y campesinas tampoco se quedaron calladas. A través del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), expresaron su preocupación por los megaproyectos y las decisiones económicas que, aseguran, ponen en riesgo sus territorios y su autonomía.

El bolsillo de la gente también estuvo en el centro de los reclamos. Los manifestantes criticaron el aumento del costo de la vida y las políticas que, a su juicio, afectan principalmente a los trabajadores y a las familias de menos recursos.

La jornada representa una prueba importante para el Gobierno de De la Espriella, que enfrenta una creciente presión social a solo dos meses de haber comenzado su gestión. Los sectores movilizados aseguran que seguirán defendiendo sus derechos y las conquistas sociales que consideran amenazadas.

Por ahora, las protestas dejan claro que una parte de la población colombiana no está conforme con el rumbo del Gobierno y está dispuesta a salir a las calles para hacerse sentir.