ECUADOR.- A dos años del inicio del gobierno de Daniel Noboa —cuyo eje principal fue la promesa de recuperar la seguridad— Ecuador atraviesa una crisis de violencia sin precedentes. Entre el 23 de noviembre de 2023 y el 31 de octubre de 2025, se registraron 15.561 asesinatos, con un promedio de 22 muertes violentas por día.

Ni la presencia sostenida de las Fuerzas Armadas ni los estados de excepción, incluido el «conflicto armado interno» declarado en enero de 2024, han logrado frenar la escalada. Mayo de 2025 se convirtió en el mes más violento de la historia del país, con 934 homicidios. Las proyecciones para finales de 2025 advierten que los asesinatos podrían superar los 9.000, lo que marcaría un nuevo récord. Especialistas atribuyen este incremento a la presión de carteles internacionales, la corrupción estatal y el desempleo, factores que fortalecen a las organizaciones criminales. A ello se suman la pobreza, la desigualdad y un sistema judicial permeado por el narcotráfico, que actúan como motores estructurales de la violencia.

En el plano económico, el Gobierno elevó el IVA del 12 % al 15 % en abril de 2024 para financiar su estrategia de seguridad, lo que permitió recaudar 1.319 millones de dólares adicionales. Asimismo, la eliminación del subsidio al diésel en septiembre de 2025 provocó un alza en los precios y desencadenó protestas sociales.

Aunque el Producto Interno Bruto muestra una leve recuperación para 2025, con proyecciones de crecimiento entre 3,4 % y 3,8 % tras la recesión del año anterior, esta mejoría no se ha reflejado de manera significativa en el bienestar de la población. La pobreza por ingresos permaneció en 24 % en junio.

En el terreno político, Noboa consiguió la reelección, pero sufrió un revés en la reciente consulta popular, donde el «No» prevaleció en las cuatro preguntas centrales impulsadas por su administración, en una jornada marcada por una elevada participación ciudadana.

Mientras tanto, las masacres carcelarias continúan sin interrupción. El 20 de noviembre, organizaciones sociales y de derechos humanos alertaron sobre la crítica situación en la Penitenciaría del Litoral (CPL Guayas N.º 1), denunciando una escalada de violencia que describen como «letal, sistemática y creciente», e incluso como un «exterminio progresivo». Esta crisis, iniciada en marzo de 2024, no solo no ha sido resuelta, sino que se ha profundizado durante todo 2025.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) reportó 590 muertes solo este año, la mayoría relacionadas con desnutrición, falta de agua y enfermedades sin tratamiento. De acuerdo con las organizaciones, el Estado ha permitido la perpetuación de un sistema que viola derechos fundamentales y expone a la población penitenciaria a un sufrimiento evitable.

Analistas concluyen que, aunque se han capturado 31 líderes criminales y se han incautado 513 toneladas de droga, esto no basta. Para enfrentar las raíces del problema a largo plazo se requieren políticas sociales profundas, reformas judiciales y una lucha efectiva contra la corrupción.