PERÚ. El Gobierno de Perú aprobó el reglamento de la nueva ley contra los delitos de extorsión y sicariato, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y mejorar la seguridad ciudadana. La medida fue oficializada el domingo mediante un decreto supremo publicado en una edición especial del boletín de normas legales.

Según informó el Ejecutivo, liderado por José Jerí, esta norma permitirá que el Estado pase “de la defensiva a la ofensiva” frente a la delincuencia, al implementar acciones integrales que incluyen prevención, respuesta policial, protección a las víctimas y recuperación económica.

La Presidencia destacó que la ley fortalece el marco legal para proteger a las empresas de transporte público y de trasiego de mercancías, sectores especialmente afectados por las organizaciones criminales. El objetivo es garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para la economía nacional, el empleo y la movilidad de millones de ciudadanos.

Entre las principales medidas, se intensifican las acciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se establecen mecanismos de inteligencia policial mediante la creación de mapas delictivos y se refuerza el control sobre los flujos financieros vinculados al pago de extorsiones.

“Estas acciones buscan garantizar la seguridad de conductores, trabajadores y usuarios, así como preservar la continuidad del servicio frente a amenazas criminales”, subrayó la Presidencia en un comunicado oficial.

La aprobación de la norma se produce tras las recientes movilizaciones de transportistas en distintas regiones del país, quienes denunciaron la falta de respuestas eficaces frente a las bandas criminales que operan en el sector. De acuerdo con cifras difundidas por los gremios de transporte, la violencia ha dejado al menos 56 conductores asesinados y más de 60 ataques armados en lo que va de 2025.