Punta Cana. La Fiscalía colombiana anunció la apertura de una investigación formal contra el exmandatario por su presunta relación con la creación de estructuras paramilitares, las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

Los hechos investigados ocurrieron entre 1996 y 1997 en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de la región.

Según la Fiscalía, el expresidente habría facilitado y promovido actividades de grupos armados ilegales que, presuntamente, utilizaron como base de operaciones la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia en aquella época. Los delitos que se le atribuyen son concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.

La investigación se conoce en un momento de alta tensión política, apenas tres días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, en las que competirán el conservador Abelardo de la Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda.

Uribe confirmó la decisión de la Fiscalía a través de sus redes sociales, donde aseguró que afrontará el proceso judicial pese a considerar que ocurre en un momento políticamente sensible.

Uno de los casos incluidos en la investigación es el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, abogado y defensor de derechos humanos que denunció presuntos vínculos entre militares y grupos paramilitares en las masacres de El Aro y La Granja. Valle fue asesinado en 1998.

La Fiscalía también analiza la posible participación del exgobernador en incursiones paramilitares que dejaron asesinatos, desplazamientos forzados, incendios de viviendas y robo de ganado en comunidades rurales de Antioquia.

A sus 73 años, Uribe continúa enfrentando diversos procesos judiciales. Aunque la legislación colombiana garantiza amplias protecciones procesales para los acusados, lo que suele prolongar los juicios durante años, esta nueva investigación vuelve a poner bajo escrutinio uno de los capítulos más controvertidos de su trayectoria política.

Por ahora, la investigación se encuentra en una fase inicial y será la justicia la que determine si existen responsabilidades penales. Sin embargo, el caso reabre un debate que ha acompañado al expresidente durante décadas: sus presuntos vínculos con el paramilitarismo en Colombia.