GUATEMALA. El Congreso de la República de Guatemala aprobó la semana pasada, durante una sesión plenaria respaldada por 126 votos a favor, la Ley para Prevenir el Abuso Sexual Infantil, una reforma que prohíbe de manera expresa las relaciones sexuales entre adultos y personas menores de 14 años, cerrando así un vacío legal vigente desde 2009 que permitía este tipo de vínculos bajo el argumento de consentimiento, situación que generó una profunda crisis social y jurídica en el país.

Esta reforma surge como respuesta a una omisión normativa que, durante casi dos décadas, permitió la impunidad de adultos que mantenían relaciones sexuales con adolescentes de 14 años recién cumplidos, lo que fue ampliamente cuestionado por distintos sectores sociales y por los propios legisladores durante sus intervenciones en la plenaria. “Cada quince minutos una menor de edad en Guatemala tenía relaciones sexuales con un adulto bajo la legislación previa”, destacó el diputado oficialista Raúl Barrera durante la sesión, al referirse a la magnitud del problema.

Según datos obtenidos del portal Infobae, el legislador enfatizó que esta permisividad se mantuvo debido a una inconsistencia en el Código Penal: aunque los matrimonios entre adultos y menores estaban prohibidos, persistía la posibilidad de que adultos sostuvieran relaciones “consentidas” con adolescentes de 14 años, sin incurrir en delito, tal como explicó Barrera ante el hemiciclo.

La reforma aprobada modifica los artículos 173 y 173 bis del Código Penal (Decreto 17-73), estableciendo penas de prisión que oscilan entre diez y catorce años para cualquier persona mayor de edad que mantenga relaciones sexuales con un menor de catorce años, incluso si media consentimiento y no existe violencia física o psicológica. Asimismo, el texto legal sancionado por el pleno legislativo establece que el responsable no podrá beneficiarse de reducciones de pena ni de ningún tipo de privilegio judicial, reforzando el carácter punitivo de la normativa.

EL CONGRESO DE GUATEMALA

El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas ya había advertido en 2024 sobre la gravedad del vacío normativo en Guatemala, instando al Estado a proteger a los adolescentes de relaciones “asimétricas” y a garantizar mecanismos legales más amplios para salvaguardar el interés superior del menor. La nueva ley incorpora esta recomendación al reconocer que la mayoría de los embarazos en niñas y adolescentes en Guatemala son consecuencia de relaciones con adultos significativamente mayores, una situación incompatible con los derechos humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.

El articulado también introduce una diferenciación clave bajo control judicial: mientras sanciona penalmente a los adultos, establece un tratamiento distinto para las relaciones no violentas entre adolescentes. En estos casos, los menores que mantengan relaciones entre sí, sin violencia ni abuso, estarán sujetos a medidas socioeducativas, como la educación sexual integral contemplada en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

UN PROCESO PARLAMENTARIO

El proceso de votación de la reforma al Código Penal estuvo marcado por diversas rondas de enmiendas, supleciones y votaciones parciales. El primer artículo del decreto fue aprobado con 105 votos a favor, 25 en contra y 30 ausentes, mientras que el artículo cuarto, relativo a la agresión sexual contra menores, obtuvo 113 votos a favor y 16 en contra, evidenciando un respaldo mayoritario sostenido, según las actas parlamentarias. La legislación también introduce un mandato para desplegar campañas educativas a nivel nacional, con el objetivo de informar a la población sobre los cambios legales y sus implicaciones.

“A partir de la aprobación de este decreto, será delito que una persona de treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta años tenga relaciones sexuales con una niña de catorce, quince o dieciséis años, como siempre debió estar prohibido”, expresó Barrera en la sala, al tiempo que llamó al Estado a asumir el reto de la prevención y la sensibilización social. En el cierre del debate, el presidente de la Comisión de Menores y la Familia, Mynor Mejía, enfatizó: “Hoy nuestros menores ya tienen una ley que los va a amparar, una ley que va a cuidar para que ninguna persona dañe la integridad de esos cuerpos que siempre fueron objeto de abuso.

Lo que sí es cierto es que cada quince minutos violaban a una niña. Y hoy, con esta ley, vamos a prevenir y vamos a proteger la niñez de este país”, según recogen las actas oficiales del Congreso de la República. La aprobación definitiva del Decreto 10-2026 implica la reforma de dos normativas clave: el Código Penal y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. El decreto ha sido remitido para su inmediata sanción, promulgación y publicación, asegurando su entrada en vigor y redefiniendo el estándar de protección para miles de niñas, niños y adolescentes guatemaltecos.