LIMA (EFE). El juez peruano Rafael Martínez resolvió este sábado, tras casi tres meses de una audiencia maratónica, abrir un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato a más de 1.300 mujeres, en su mayoría pobres e indígenas.
En la decimoquinta sesión de la audiencia de lectura de resolución, que comenzó el 14 de setiembre, el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional desveló finalmente su fallo y acabó así con la incertidumbre de las víctimas, que llevan 25 años a la espera de Justicia.
Martínez decidió investigar en sede judicial a Fujimori y a sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, como autores mediatos (con dominio del hecho) del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos.
En la sesión de este sábado, Martínez leyó los más de 1.300 nombres de las mujeres a las que se les practicó ligaduras de trompas en contra de su voluntad, quienes celebraron a través de las redes sociales «este primer gran hito en el camino de justicia para las víctimas».
En anteriores audiencias, el magistrado consideró que en las esterilizaciones forzadas hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados y reiteró que, fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos en una estrategia de salud que causó por lo menos cinco muertes, entre ellas la de Mamérita Mestanza, la cara más emblemática del caso.
