Bayahíbe. Residentes de la comunidad de Botijuela, ubicada en el distrito municipal turístico de Bayahíbe, protestaron este fin de semana luego de ser desalojados de manera violenta por agentes policiales, sin recibir ninguna notificación previa ni explicación formal por parte de las autoridades.

El operativo se llevó a cabo el pasado viernes 06 de junio y dejó a decenas de familias sin hogar, en situación de alta vulnerabilidad y sin ningún tipo de asistencia.

Durante la protesta, los comunitarios denunciaron sentirse abandonados por el Estado y exigieron una respuesta inmediata a su situación.

Entre los afectados se encuentra Mario, un hombre con una condición especial en una pierna, quien vivía desde hace cuatro años en la zona.

Narró que su casa fue derrumbada por completo y que, a pesar de sus limitaciones físicas, siempre se ha mantenido trabajando con esfuerzo bajo el sol y la lluvia. Pidió una mano amiga y una oportunidad para levantar nuevamente su vivienda y continuar su vida con dignidad.

También se pronunció Ninoska, otra residente afectada, quien afirmó que lleva tiempo viviendo y trabajando en el área, al igual que muchos otros ciudadanos organizados bajo el liderazgo de la señora Lourdes Carpio.

Explicó que no han recibido ningún tipo de apoyo, ni del presidente, ni del gobernador, ni de ninguna autoridad local.

Aseguró que son personas trabajadoras, que viven con dignidad y que no quieren conflictos, pero advirtió que, de continuar el abandono y los abusos, podrían verse en la necesidad de tomar medidas más drásticas. Solicitó con urgencia la intervención del gobierno central.

Durante el desalojo, fueron destruidas viviendas construidas tanto en concreto como en materiales ligeros, dejando a niños, ancianos y personas enfermas sin techo y expuestos a la intemperie.

Los comunitarios aseguraron que el operativo se realizó sin mostrar una orden judicial y que se utilizó un nivel de fuerza excesivo, lo cual consideran una grave violación a sus derechos.

Además, denunciaron que no se les ofreció ninguna alternativa de reubicación ni compensación por las pérdidas sufridas.

Como parte de las acciones futuras, los residentes contemplan la posibilidad de paralizar el tránsito en la Autovía del Coral e interrumpir actividades relacionadas al turismo como medida de presión.

En medio de este panorama, Lourdes Margarita Carpio, presidenta de la Asociación de Parceleros de Botijuela, afirmó que la comunidad está organizada y preparada para resistir cualquier nuevo intento de desalojo.

Señaló que las empresas involucradas en el conflicto, Compañía Inmobiliaria Tima y Campos Villalón, no cuentan con documentación legal que respalde sus acciones, por lo que no permitirán que vuelvan a ingresar a los terrenos sin una orden judicial debidamente emitida.

Carpio reiteró que no desean llegar a los extremos, pero que si las autoridades no intervienen para garantizar el respeto a sus derechos, no tendrán otra opción que defenderse.

La organización comunitaria también ha solicitado la intervención de organismos defensores de los derechos humanos y del Poder Judicial para investigar la legalidad del desalojo.

Hasta el momento, las autoridades provinciales no han ofrecido ninguna declaración oficial sobre las denuncias ni sobre los daños causados.

No obstante, los residentes aseguran que continuarán su lucha hasta ser escuchados y obtener justicia.