HATO MAYOR. Desde hace más de 25 días, Dayani Miguelina Vásquez Fulgencio permanece acostada en la cama de la casa de sus padres, recuperándose de las lesiones que le provocó una guagua del transporte público al atropellarla en la carretera Hato Mayor–El Seibo.

Su caso ilustra la magnitud de un problema que golpea con fuerza a la provincia: Hato Mayor, con menos de 80 mil habitantes, ocupa el quinto lugar a nivel nacional en siniestralidad vial en la República Dominicana, país que figura entre los de mayor número de accidentes de tránsito.

Las estadísticas muestran que el país se ubica entre los primeros lugares de la región en accidentes viales. En ese contexto, la provincia de Hato Mayor, a pesar de su baja población, figura entre las demarcaciones con más siniestros registrados.

Dayani, una joven de 32 años y madre de una niña de 4 años, fue atropellada hace un mes por la guagua ficha 18 del Sindicato de Transporte de Minibuses Hato Mayor (Sitramham), mientras se desplazaba en una pasola por la carretera Hato Mayor–El Seibo, próximo al recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Describe el momento como perturbador. Asegura que el vehículo la impactó cuando el chofer salió desde una posición de parqueo hacia la vía sin verificar si venían otros conductores.

Tras el choque, la joven fue arrastrada junto a su pasola.
El accidente le provocó una fractura en la pierna derecha y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, lo que obligó a una intervención quirúrgica de emergencia.

Desde entonces permanece postrada en una cama, sin poder trabajar y dependiendo del apoyo de sus padres, con quienes vive junto a su hija.

“Hoy yo cumplo 25 días de estar acostada aquí, y yo no he visto un representante de Sitramham que ha venido por aquí. Yo soy madre soltera, pago colegio, le compro leche y merienda a mi hija, y ellos no dan la cara”, expresó.

La joven asegura que, tras el accidente, un cobrador de la guagua acudió a la clínica con la promesa de que el sindicato asumiría los gastos médicos y ayudaría durante su recuperación, algo que —según afirma— no ha ocurrido.

También sostiene que en el lugar donde ocurrió el atropellamiento se repiten con frecuencia situaciones de riesgo. Explica que algunas guaguas del sindicato suelen estacionarse a un lado de la vía y, cuando ven estudiantes saliendo de la universidad, aceleran para recoger pasajeros sin tomar las debidas precauciones.

Mientras espera nuevas evaluaciones médicas y una posible cirugía en Santo Domingo, la joven enfrenta además la incertidumbre de los costos de traslado y tratamiento, así como la falta de respuestas por parte de los responsables del vehículo que la atropelló.

UN PROBLEMA COMPLEJO

Dueños y representantes de medios de comunicación locales, además de personalidades como el abogado Héctor Livio Ferrer, coinciden en que los accidentes de tránsito en la provincia responden a una combinación de factores.

Ferrer considera que uno de los principales problemas es la imprudencia de los conductores, a lo que se suma la falta de aplicación efectiva de las leyes de tránsito por parte del Estado.

“Las leyes están. Si el Estado fuera más responsable en la aplicación de la penalización contra las personas que toman y violan los límites de velocidad y las normas de tránsito, se podría lograr una mejora significativa en la reducción de accidentes y muertes”, afirmó Ferrer.

A su juicio, además de las sanciones, se requiere un mayor esfuerzo en educación vial y señalización en las carreteras.
Los entrevistados coinciden en que la mayor cantidad de accidentes ocurren en las carreteras que conectan a Hato Mayor con San Pedro de Macorís, El Seibo y Sabana de la Mar, mientras que dentro del casco urbano la incidencia es menor.

PUNTOS CRÍTICOS

Entre los factores que agravan la situación también se encuentran los animales sueltos en las carreteras, una escena frecuente en varias de las vías de la provincia. Vacas, chivos y otros animales suelen verse a pocos metros del asfalto, muchas veces sin ningún tipo de vigilancia o sujeción que impida que invadan la vía.

Entre los lugares considerados como “puntos negros” de accidentes se mencionan Guayabo Dulce, El Cochinito, la curva de Jalonga, la intersección de Los Hatillos y la curva próxima a Colinas del Rey, donde se han registrado múltiples choques y pérdidas humanas.
El impacto de los accidentes de tránsito también se refleja en los centros de salud de la provincia.

Jesús de la Cruz, director del hospital provincial Leopoldo Martínez de Hato Mayor, explica que los siniestros viales generan una alta demanda en los servicios médicos.

Durante 2025, en ese hospital se registraron 2,235 consultas de ortopedia, sin incluir las atenciones vinculadas a accidentes que ingresan por cirugía general.

Según el especialista, en promedio unas 336 personas al mes reciben atención médica por accidentes de tránsito. Entre las lesiones más graves se encuentran los traumas craneoencefálicos, que en muchos casos están relacionados con conductores de motocicletas que circulan a velocidades medias o altas sin utilizar casco protector.

MÁS PACIENTES EN REHABILITACIÓN

La tendencia también se refleja en el Centro de Rehabilitación de Hato Mayor. Su administrador, Banery Richardson, informó que en ese centro se atienden unas 120 personas cada día y que cerca del 15 % de los pacientes que llegan al área de fisiatría y rehabilitación fueron referidos tras sufrir accidentes de tránsito.