DISTRITO NACIONAL. “Las leyes se aplican desde el momento en que son promulgadas”. Con esta frase del presidente Luis Abinader como telón de fondo, la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) ha decidido pasar del reclamo a la acción judicial. Acompañada por 27 alcaldes distritales de todo el país, la entidad anunció el pasado miércoles una demanda contra el ministro de la Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, por un presunto incumplimiento sistemático de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

La acción judicial exige una indemnización de tres mil millones de pesos (RD$3,000,000,000) por daños y perjuicios, y se fundamenta en la supuesta violación al artículo 24 de la referida ley, así como al artículo 148 de la Constitución dominicana, que responsabiliza patrimonialmente a los funcionarios públicos por daños causados mediante actos u omisiones ilegales.

“NO HAY EXCUSAS PARA SEGUIR IGNORANDO LA LEY”

Durante una rueda de prensa, Pedro Richardson, director ejecutivo de Fedodim, explicó que el artículo 24 de la Ley 368-22 otorga a todos los distritos municipales con una población superior a los 15,000 habitantes —según el Censo Nacional de 2010— el derecho a gestionar de forma autónoma el uso de suelo en su territorio, a través de oficinas técnicas de planeamiento urbano. Sin embargo, Richardson denunció que el Ministerio de la Vivienda ha evadido de forma reiterada este mandato legal, impidiendo que los distritos ejerzan esa competencia y estancando importantes desarrollos en varias zonas estratégicas del país.

“Desde hace más de tres años hemos sostenido reuniones directas con el ministro Bonilla, quien incluso se comprometió personalmente a aplicar la ley en 2023. Pero hemos enfrentado excusas dilatorias constantes: primero alegaron que no existía un reglamento; ahora simplemente ignoran los mandatos legales”, expresó.

UNA PARÁLISIS DE INVERSIONES MILLONARIAS

Para Fedodim, el daño va más allá del plano institucional. La inacción del MIVED ha paralizado proyectos millonarios, tanto locales como extranjeros, afectando gravemente la seguridad jurídica del país. Solo en el distrito municipal de La Otra Banda (provincia La Altagracia), hay un proyecto urbanístico valorado en 4,000 millones de euros completamente detenido. En Verón-Punta Cana —una de las zonas más dinámicas del Caribe—, hay más de 62 desarrollos inmobiliarios y turísticos estancados. La misma situación se repite en distritos con potencial económico como Cabarete (Puerto Plata), La Caleta (Boca Chica), y otros.

“Hay empresas cuyos inversionistas cotizan en bolsa, y ¿cómo explican ellos a sus accionistas que en un territorio no se les permita desarrollar sus inversiones? Estas son las razones que nos llevan a demandar. Nadie está por encima de la ley”, sostuvo Richardson. LO QUE DICE LA LEY 368-22 Promulgada en 2022, la Ley 368-22 establece los principios y mecanismos para el ordenamiento territorial del país. Su artículo 24 otorga competencias directas a los gobiernos locales —incluidos los distritos municipales— para regular el uso de suelo, el planeamiento urbano y los asentamientos humanos, siempre que superen el umbral de los 15,000 habitantes.

Según Fedodim, esa disposición legal no requiere reglamentación adicional para su aplicación, como alegan desde el Mived. La Constitución y la jurisprudencia, afirman, son claras: la ley se aplica desde el momento de su promulgación. Además, resaltan que el artículo 148 de la Carta Magna impone responsabilidad civil a las instituciones públicas cuando incurren en actos u omisiones que generen daños por el incumplimiento de sus funciones.

UNA BATALLA POR LA AUTONOMÍA LOCAL El conflicto también refleja un debate más profundo: la tensión entre el centralismo institucional y la autonomía de los gobiernos locales. Para Fedodim, el caso contra el Mived no es solo un reclamo técnico, sino una defensa frontal del derecho de los distritos municipales a decidir sobre su desarrollo y a gestionar su territorio con independencia. “No se trata de un simple trámite administrativo.

Se trata de la dignidad de nuestras comunidades, de su derecho a desarrollarse con reglas claras y con respeto a las instituciones locales elegidas por el pueblo”, expresó Richardson. La demanda contra Carlos Bonilla podría sentar un precedente sin igual en la historia reciente del municipalismo dominicano. Si los tribunales fallan a favor de Fedodim, el gobierno central se vería obligado a reconocer de inmediato las competencias de planeamiento urbano a más de 235 distritos municipales en todo el país, con implicaciones directas para el modelo de desarrollo territorial.