El conflicto entre el Ayuntamiento de Higüey y la Junta Distrital de Verón-Punta Cana ha escalado a una nueva fase, marcada por acciones legislativas, ataques políticos directos y una lucha cada vez más frontal por el control del territorio, los recursos y las competencias municipales en la zona turística más importante del país.

CEPM EN LA MIRA POR ARBITRIOS

El punto más reciente de esta confrontación surgió tras una notificación enviada por la Junta Distrital de Verón-Punta Cana al Ayuntamiento de Higüey, en la que se denuncia la terminación del acuerdo tripartito que involucraba también al Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), referente a la recaudación de arbitrios municipales en la demarcación turística. Tras esta notificación, CEPM confirmó que ha recibido el acto de alguacil, pero dejó claro que aún no ha fijado una posición definitiva, ya que se encuentra estudiando el documento con su equipo legal.

“CEPM, comprometido con el respeto a la ley y las normativas vigentes, está estudiando con sus abogados la notificación recibida y no ha definido aún una posición sobre la situación entre ambas municipalidades”, expresó la empresa en un comunicado.

Esta respuesta ha sido interpretada como una evasiva por el director distrital Ramón Antonio Ramírez (Manolito), quien advirtió que demandará a CEPM por negarse a acatar el contenido de la notificación. Ramírez advirtió este que someterá judicialmente al Consorcio Energético Punta Cana–Macao (CEPM) si esa empresa insiste en desconocer la notificación enviada al Ayuntamiento de Higüey sobre la terminación del denominado acuerdo 50/50 suscrito en el 2013, mediante el cual ambos cabildos distribuyen en partes iguales las tasas municipales que paga la empresa eléctrica por sus operaciones en la zona turística.

“Vamos a ir en contra de CEPM y les vamos a hacer que paguen retroactivo desde el 2013 lo que han dejado de pagar a Verón, porque si ellos no quieren aceptar lo que manda la ley, los vamos a demandar”, sostuvo el director distrital de Verón-Punta Cana, durante una entrevista telefónica en el programa radial La Revuelta de la Mañana, de Grupo de Medios EB.

DIPUTADOS DE HIGÜEY BUSCAN CAMBIAR ARTÍCULO CLAVE

El conflicto también se ha trasladado al Congreso Nacional. La semana pasada, cinco diputados de Higüey, encabezados por Onavel Aristy, presentaron un proyecto de ley que busca modificar el artículo 24 de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Esta modificación pretende establecer un régimen de planificación conjunto para territorios interdependientes, lo que implicaría que Verón- Punta Cana seguiría subordinado al gobierno municipal de Higüey en términos de planeamiento urbano.

En respuesta, Manolito calificó a los legisladores como “enemigos de Verón” y “abusadores”, acusándolos de atentar contra la autonomía del distrito turístico. “Esos diputados son enemigos de Verón. Son unos abusadores. Esperamos que cuando vengan a buscar votos la comunidad les dé un rechazo total. Esos diputados quieren modificar una ley que aún no está vigente”, sentenció el funcionario.

LEY 368-22 Y EL ARTÍCULO 24 EN DISPUTA

El artículo 24 de la Ley 368-22 establece que los gobiernos locales con una población mayor de 15 mil habitantes —según el Censo de 2010— y con capacidad económica y de recaudación, pueden gestionar el uso de suelo de manera autónoma, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Para Verón, esta disposición representa un paso clave para consolidar su independencia administrativa frente a Higüey. La propuesta de modificación presentada por los diputados de Higüey, según Aristy, busca “incorporar un régimen de planificación vinculada entre territorios interdependientes”, promoviendo un desarrollo “equilibrado y coordinado”. Sin embargo, para sectores de Verón, esta es una maniobra para frenar el avance de su autonomía. El alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ex candidato a la dirección distrital por este partido, Steven García, tiene un punto disidente contra el anteproyecto que busca modificar el artículo 24 de la Ley de Ordenamiento Territorial.

“Lo que intentan con la modificación del artículo 24 de la ley 368-22 no solo va contra Verón. Va contra cualquier territorio que quiera manejar su desarrollo con orden y autonomía. La Altagracia no necesita más controles políticos. Necesita inversión, respeto a la ley y líderes que piensen en toda la provincia”, puntualiza García.

FEDODIM RECHAZA INTENTOS DE MODIFICACIÓN

La Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) también alzó su voz en medio de esta creciente tensión territorial, expresando su más enérgico rechazo a la propuesta de modificación del artículo 24 de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial. La entidad considera que esta iniciativa representa una grave amenaza a la autonomía municipal y un golpe directo a la representatividad democrática de las juntas de distrito municipal en todo el país.

Pedro Richardson, director ejecutivo de Fedodim, fue enfático en sus pronunciamientos: “Esta propuesta, aunque se disfrace de coordinación, es en realidad un misil a la línea de flotación de la de democracia local. Se pretende borrar de un plumazo la voz de las comunidades, imponiendo desde arriba un modelo de planificación que ignora las necesidades de nuestra gente”. Fedodim advirtió que el llamado “régimen de planificación vinculada” que propone la modificación crearía una peligrosa doble subordinación para los distritos municipales, al dejarlos sujetos no solo al ayuntamiento cabecera, sino también a decisiones negociadas entre otros municipios, sin voz ni voto de la junta distrital afectada.

Además, la federación tildó la modificación como legislativamente innecesaria, pues la Ley 368-22 ya contempla los Planes Especiales de Ámbito Supramunicipal como herramienta válida para la coordinación territorial, y la Ley 176-07 permite mancomunidades de forma voluntaria. “No necesitamos más leyes que generen conflictos. Necesitamos que se cumplan y se fortalezcan las existentes”, concluyó Richardson. Fedodim llamó al Congreso Nacional a rechazar la propuesta y defender la descentralización y la democracia de proximidad, advirtiendo que una modificación como la planteada no traería orden, sino caos institucional.

LA LUCHA POR EL PODER Y LOS RECURSOS

Este conflicto no es nuevo, pero ha cobrado fuerza en los últimos años a medida que Verón-Punta Cana ha consolidado su peso económico y demográfico.

El distrito concentra la mayor parte de la inversión turística y de infraestructura de la provincia La Altagracia, pero continúa dependiendo legalmente del cabildo de Higüey, lo que genera tensiones en torno a la recaudación de arbitrios, la planificación urbana y la prestación de servicios. Desde Verón se alega que Higüey se ha beneficiado durante años de los recursos generados en la zona turística sin reinvertir proporcionalmente en sus necesidades. Del otro lado, sectores políticos de Higüey insisten en mantener la provincia unificada, argumentando que dividir las competencias debilitaría la gestión territorial y el desarrollo común.

Sin embargo, la clase política, social y empresarial de Higüey dice que están de acuerdo con Verón- Punta Cana sea elevado a municipio. Para Steven García, existe una preocupante contradicción entre el discurso público de apoyo a que Verón alcance un nuevo nivel de municipalidad y las acciones legislativas en curso. “Coincidimos en que Verón merece ser municipio, con autonomía real y sin condiciones. Pero preocupa que mientras se reconoce ese derecho también se impulse una reforma a la Ley 368-22 que puede limitarlo”, cuestiona García.

Advirtió que la verdadera solidaridad entre territorios no puede sustentarse en reformas que atenten aten el futuro a esquemas del pasado. “La verdadera solidaridad entre territorios se construye con justicia, no con reformas que amarran el pasado. La Altagracia necesita inversión, visión y reglas claras. No se puede hablar de respaldo a Verón mientras se promueve una modificación que le resta lo que por ley le corresponde”, puntualizó el dirigente político.

PANORAMA INCIERTO

Con frentes abiertos en lo legal, político y legislativo, el conflicto entre Verón y Higüey parece lejos de resolverse. Lo que comenzó como una pugna por arbitrios y uso de suelo ha devenido en una disputa más profunda por el poder local y la representación territorial. El desenlace dependerá de decisiones judiciales, movimientos legislativos y, sobre todo, del respaldo ciudadano que logre cada parte. Por ahora, lo único claro es que la lucha por el control de Verón-Punta Cana ha entrado en una etapa más agresiva y estratégica.