PUNTA CANA. Adquirientes de viviendas o apartamentos en los sectores Punta Cortesito, y los Corales, en Bávaro, provincia La Altagracia, denunciaron que el ruido les ha trastornado la ilusión de «tener un pedazo de paraíso».
Los extranjeros, no acostumbrados a la bullanguería de algunos dominicanos, han expresado que el problema del ruido está afectando el turismo inmobiliario, a través de la compra o renta de apartamentos, con el atractivo de el sol, la playa, la arena que tienen estos lugares turísticos de la región Este.
Expresaron que en los últimos años se ha incrementado la colocación de restaurantes y bares que suelen colocar amplificadores con música en vivo, negocios que solicitan sean regulados por las leyes, con el respeto de los decibeles y con los horarios.
Los afectados detallan que quienes construyen en la zona suelen quedarse con los primeros pisos destinados a ser empleados como locales, que posteriormente son vendidos o alquilados a particulares que instalan estas clases de negocios, pese a que “las constructoras nos prometen que harán solo oficinas”.
Los denunciantes aseguraron que invirtieron en la zona hace nueve y 13 años y que, actualmente, pierden, por concepto de alquiler, un mínimo de 1,000 dólares por semana. “La gente te alquila un apartamento por tres meses y a las varias noches se quieren ir”, sostienen.
“Algunos hemos tenido que incurrir en la compra de ventanas antirruido que cuestan unos 60 mil dólares y eso es casi el precio de un apartamento nuevo en muchos lugares”, agregan.
Los denunciantes indican que han acudido ante las autoridades, sin lograr una solución definitiva al problema. “Cuando la Policía va por las denuncias, ellos van y se ríen”, declaran los afectados.
“Recibimos denuncias constantes de ruido, sobre todo en Bávaro e Higüey, pero cuando llegan las trabajamos. Nosotros hacemos operativos constantes, con los fiscales de la Fiscalía ordinaria y la Policía”, sostuvo, e indicó que las visitas incluyen la medición de los decibeles.
Al ser preguntado sobre las sanciones contempladas contra quienes infrinjan la ley, Núñez dijo que existen sanciones administrativas, como la remediación. “Es un acuerdo que se hace con el denunciado con requisitos que se establecen. Cuando son negocios reincidentes, puede solicitar ante un tribunal cierre temporal o definitivo”, explicó.
