Los pronunciamientos que a modo de respuesta dirigió el Gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, suman un episodio más al escenario incierto y convulso derivado de la crisis haitiana.
Atizado por sectores que intentan presionar a las autoridades dominicanas para que cedan en sus propósitos de hacer valer sus normativas migratorias, el referido organismo arremetió con dureza contra las acciones que desarrolla el Gobierno para parar la masiva migración de indocumentados haitianos.n
Coreando el discurso de una comunidad internacional que a ojos vendados esquiva compromisos frente a los gravísimos problemas de Haití, en el ámbito local hay también voces dispersas que procuran un ablandamiento del plan para frenar el éxodo desesperado de haitianos hacia nuestro país.
Este comportamiento sólo se explica en el propósito malsano de querer doblar el pulso a la firmeza con que el Gobierno encara esta situación.
Siempre hemos planteado que el respeto a los derechos humanos debe ser una regla inviolable cuando se procure hacer valer la ley dentro de una nación.
Pero en modo alguno esto puede servir de chantaje para quienes se niegan a entender que a República Dominicana le asiste todo el derecho a poner orden en un ámbito tan complejo como el de las migraciones ilegales.
Las cifras ofrecidas por el Gobierno a la OEA sobre las atenciones sanitarias a parturientas haitianas, son tan elocuentes que describen por sí mismas un problema enorme y complicado, que de manera inexplicable la comunidad internacional se resiste a entender.
Tal como fue explicado en la respuesta a ese organismo regional, a República Dominicana le han tirado encima todos los problemas de un país prácticamente colapsado, sumido en un caos permanente y una escalada violenta con ritmo ascendente.
