El presidente Luis Abinader se ha convertido en el principal promotor de la propuesta de reformar nuevamente la Constitución, ahora con el objetivo de fortalecer y “blindar” el sistema de justicia, con mayor énfasis en el Ministerio Público.
El primer mandatario considera necesaria otra convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora con este motivo, porque a su juicio debe ser la Carta Magna la que contenga y defina los ejes fundamentales para que esas instituciones puedan operar de forma independiente y con mayor transparencia.
Los que se oponen a ese argumento, entienden que no es necesario reformar la Constitución para dotar de independencia al Ministerio Público, que en las últimas décadas ha sido uno de los entes estatales más cuestionados.
Los opositores a una reforma constitucional señalan que el Ministerio Público ha dado muestras fehacientes de su capacidad de trabajo, con resultados prácticos y el visto bueno de la sociedad dominicana, sin que sus decisiones y acciones estén sujetas a injerencias o directrices políticas.
En medio del debate surge también el temor a que se toquen otros aspectos constitucionales fuera de las justificaciones que presenta el primer mandatario para invocar la reforma.
La población dominicana mira expectante la evolución de esta discusión, que se intenta dirimir en el seno del Consejo Económico y Social, aunque con resquemores sustentados en experiencias pasadas, cuando la Constitución fue modificada para acomodarse a intereses meramente políticos-electorales.
Con su propuesta reformadora, el jefe de Estado y su gobierno juegan a una pelota caliente, con un escenario que en la mirada más objetiva no gira del todo a su favor, no obstante gozar todavía de un buen nivel de aceptación popular.
Pero el tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.
