Con la emisión del reglamento de aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelos y Asentamientos Humanos, el país presencia lo que podría marcar el cierre definitivo del conflicto por el control territorial y de recursos económicos entre Higüey y Verón-Punta Cana. Este nuevo instrumento legal traza con claridad el camino que deben seguir los distritos municipales para ejercer las competencias que les otorga la ley, incluyendo la posibilidad de gestionar su propio ordenamiento urbano. Para Verón-Punta Cana, esto representa un antes y un después.

Por años, su crecimiento turístico y poblacional ha chocado con las limitaciones legales que le impedían actuar con autonomía en asuntos tan vitales como el planeamiento y delimitación de su territorio. Sin embargo, más allá de lo estrictamente jurídico, esta coyuntura también pone a prueba la madurez política y sentido de responsabilidad de sus líderes.

En ese contexto, resulta encomiable que Ramón Ramírez, director distrital de Verón-Punta Cana, se muestre dispuesto a colaborar en una transición que permita a Higüey adaptarse a este nuevo escenario. Los recursos que durante años han compartido ambas demarcaciones, bajo el denominado “acuerdo 50-50”, representan una porción significativa de las finanzas municipales de Higüey.

Cualquier cambio abrupto en esa ecuación afectaría su capacidad operativa, por lo que buscar fórmulas de compensación financiera temporal se convierte en una muestra de solidaridad institucional. La decisión está tomada. Lo que toca ahora es actuar con sensatez, voluntad de diálogo y, sobre todo, con conciencia de que el verdadero desarrollo solo es posible cuando se construye desde la unidad y el respeto mutuo.